El Salvador

La mesa nacional del turismo rural comunitario,
una experiencia de articulación de actores

Yanira Aparicio
Docente de la Universidad Matías Delgado
de El Salvador

La Mesa Nacional de Turismo Rural Comunitario (TRC) de El Salvador nació en septiembre de 2009. Desde entonces ha buscado integrar los esfuerzos de instituciones gubernamentales, universidades y organizaciones comunitarias y no gubernamentales (ONGs) a fin de visibilizar y fortalecer a este sector y que forme parte de la oferta turística del país.

La Mesa se caracteriza por la búsqueda de un esfuerzo conjunto para apoyar al turismo rural comunitario, es decir, no se limita a la coordinación de los esfuerzos aislados de las comunidades, sino que intenta poner el tema en las estrategias y políticas de cada institución. Por lo tanto, la coordinación de la Mesa por medio de Fundación PRISMA ha logrado establecer un plan de acción con los representantes de ministerios: Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía, Relaciones Exteriores y Turismo; universidades: Andrés Bello, Doctor José Matías Delgado y de El Salvador, y de las organizaciones comunitarias y ONGs. Entre todos se coordinan las actividades a seguir y cada uno se ha apropiado del tema desde la singularidad de cada institución. Así se apoya al sector por medio de diversas actividades y vías de intervención.

Dentro de las acciones concretas ejecutadas hasta el momento destacan: el Primer Encuentro de TRC que permitió visibilizar a los oferentes de estos servicios; el mapeo de iniciativas de TRC que actualmente realizan la Fundación PRISMA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería por medio del Programa de Reconstrucción y Modernización de las Áreas Rurales (Premoder); la promoción del TRC en el exterior, vía algunos consulados del país, con el video Con poco se hace mucho, realizado por Alba Sud. Recientemente se abrió una cuenta de facebook de la Mesa y PRISMA ha incluido en su página web una ventana sobre TRC.

También se ha desarrollado la “investigaciónacción” creando propuestas para que el tema de TRC sea incorporado en la institucionalidad de turismo en el país. El papel de las universidades es fundamental porque elaboran investigaciones que dan la pauta a propuestas de cómo mejorar las condiciones en que se desarrolla el TRC. Un ejemplo son siete estudios que realizan los alumnos de la carrera de turismo de la Universidad José Matías Delgado.

Actualmente la Mesa elabora una estrategia de desarrollo de TRC para El Salvador. La primera parte fue determinada por los funcionarios públicos que asistieron al curso básico de TRC y la segunda parte se construirá con los insumos presentados por los estudiantes de la Universidad José Matías Delgado.

Para posicionar al TRC en el mapa de oferta turística, se demanda mejoras en la calidad de servicio y productos, en la comercialización y venta de productos, en la capacitación del recurso humano y en la competitividad en precio y calidad, pero, sobre todo, se requiere mantener el enfoque del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y culturales y el balance de la actividad turística con el resto de actividades económicas y sociales de las comunidades, a fin de crear espacios para la inclusión de la mujer y los jóvenes.

El agua o el oro* Robin Broad* y John Cavanagh** * Catedrática de la Escuela de Servicio Internacional de la American University. ** Director del Institute for Policy Studies de Washington D.C. Hace 30 años, miles de pobladores de la comunidad de Santa Marta, en El Salvador, huyeron del ejército nacional, el cual quemaba sus ca sas y cultivos durante la etapa inicial de la guerra civil en ese país, que duró 12 años. Docenas de personas murieron cruzando el río Lempa hacia los campos de refugiados en Honduras. Hoy los pobladores de esta zona luchan contra empresas mineras que buscan explotar las vetas de oro cercanas al río Lempa –la principal fuente de agua para más de la mitad de los 6.2 millones de salvadoreños–. Una vez más, civiles reciben amenazas y son asesinados. La meta actual de las comunidades es hacer de este país el primero en prohibir la minería de oro. Nosotros viajamos a El Salvador para averiguar si esta lucha puede ganarse. Nos recibió Miguel Rivera, el hermano de Marcelo Rivera, un líder comunitario contra la minería que fue desaparecido, torturado y asesinado en junio de 2009, de una forma que recuerda a los escuadrones de la muerte de la guerra civil de los 80s. En nuestro recorrido por los caminos montañosos que llevan a Santa Marta, en el norteño departamento de Cabañas, le preguntamos a Miguel: “¿Cómo llegaste a oponerte a la minería?” Miguel señaló nuestra botella de agua y nos dijo: “Igual que ustedes, nuestra prioridad es el agua”. Luego escucharíamos muchos testimonios que coincidieron: “Agua para la vida”, para tomar, pescar, cultivar —y no sólo para Cabañas, sino para el país entero. Miguel nos llevó a la oficina de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES), donde él trabaja; allí pobladores locales nos contaron cómo habían empezado a oponerse a la minería. Vidalina Morales, trabajadora de ADES, reconoció que “inicialmente pensamos que la minería era buena y que nos iba a ayudar a salir de la pobreza… a través de empleos y desarrollo”. La empresa minera que había llegado a Cabañas era Pacific Rim, con sede en Vancouver, Canadá. Esta empresa es una de varias que se interesaron por obtener permisos de explotación minera en la cuenca del río Lempa. En 2002, Pacific Rim adquirió una compañía que tenía una licencia de exploración para un sitio en Cabañas. Francisco Pineda, un productor de maíz y organizador del Comité Ambiental de Cabañas, nos habló de sus impresiones de cuando se secó el río cerca de sus tierras: “Fue muy raro, eso nunca había pasado antes. Así que fuimos al río a investigar… y encontré una bomba de Pacific Rim que estaba bombeando agua para los pozos exploratorios. Y preguntamos: ´si están usando tanta agua en esta etapa de exploración, ¿cuánta usarán cuando empiece la minería en sí?´” Francisco, Marcelo, Miguel, Vidalina y otros se dieron a la tarea de aprender todo lo posible acerca de la minería de oro. Ya sabían que Cabañas era vulnerable a terremotos, con fuerza potencialmente suficiente para reventar los diques que construyen las empresas mineras para retener el agua fortificada con cianuro que utilizan para separar el oro de la roca. Viajaron a comunidades mineras en Honduras, Costa Rica y Guatemala, y regresaron con historias de la contaminación de ríos y tierras aledañas a la mina. Recurrieron a expertos en calidad de agua, investigadores universitarios y grupos internacionales como Oxfam y asistieron a seminarios sobre minería. Descubrieron que sólo una muy reducida parte de las ganancias de Pacific Rim se quedaría en el país y que la mina tenía una proyección de vida útil de sólo seis años. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza señala que las personas en Cabañas que “viven cerca de los sitios donde se realizan actividades de exploración minera ya han empezado a observar impactos ambientales —acceso reducido al agua, aguas contaminadas, impactos en la agricultura y problemas de salud”. En reuniones con las comunidades, ejecutivos de Pacific Rim afirmaron que dejarían el agua más limpia de como la encontraron. Uno dijo que el cianuro era tan inofensivo como para tomar un vaso con la bebida local preferida y un chorro del químico agregado. El ejecutivo, nos dijeron, se retractó cuando los pobladores le pidieron que él mismo experimentara eso. En 2009, los sentimientos contra la minería eran ya tan fuertes que durante la campaña electoral tanto el entonces presidente Antonio Saca, como el exitoso candidato Mauricio Funes se manifestaron en contra de ella. Mucho del crédito de esa hazaña se lo merece la Mesa Nacional contra la Minería Metálica de El Salvador que se formó en 2005, cuando los líderes de Cabañas comenzaron a reunirse con grupos de otros departamentos, así como grupos de investigación, desarrollo, asistencia legal y derechos humanos. Entre las metas de la Mesa están ayudar a la resistencia a nivel local; lograr la aprobación de una ley nacional para prohibir la minería metálica; vincular las luchas anti-mineras en Honduras y Guatemala, ya que el curso del río Lempa pasa por esos dos países, y enfrentar el proceso de arbitraje internacional que Pacific Rim ha emprendido en contra de El Salvador bajo las reglas de inversión del tratado de libre comercio. En Cabañas, a medida que la coalición anti-minera se fortaleció con apoyos de la Iglesia Católica, de pequeñas empresas y del público en general, crecieron las tensiones. Mientras aún existen dudas, muchos activistas creen que las fuerzas pro mineras son las responsables del asesinato de Marcelo Rivera en 2009. A finales de ese año, durante un periodo de seis días, dos activistas más fueron asesinados. Uno de ellos fue una mujer con ocho meses de embarazo; además, un niño de dos años que ella cargaba en brazos fue herido. Desconocidos entraron en la casa de los líderes de MUFRAS-3, otro grupo comunitario, mientras ellos y su hija dormían. Los intrusos robaron documentos relacionados con su trabajo de oposición. Muchos de los entrevistados han recibido amenazas de muerte. Una persona nos contó que había rechazado una oferta de dinero para reunirse con representantes de Pacific Rim e informarles de las actividades anti-minería. En junio, cerca de dos años después del asesinato de Marcelo Rivera, se encontró el cuerpo de un estudiante voluntario del Comité Ambiental de Cabañas, con dos balas en la cabeza. Como resaltó el comunicado de prensa de la Mesa: “Fue visto por última vez por sus compañeros activistas ambientales (…) distribuyendo hojas volantes contra la minería metálica en preparación de una consulta pública a realizarse en el sector minero”. La Mesa clamó: “Ni una mina más, ni una muerte más”. *Este artículo es un extracto de Robin Broad y John Cavanagh, Like Water for Gold in El Salvador. (http://su.pr/32m7Rr)

Puebla

En defensa del sagrado maíz

Milton Gabriel Hernández García
Profesor-investigador de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia

Los pasados 7 y 8 de octubre se realizó en la Sierra Norte de Puebla, en el municipio de Ahuacatlán, la Segunda Feria Regional del Sagrado Maíz, convocada por la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (Unitona) y la Organización Indígena Independiente Ahuacateca (OIIA). Además de la dimensión festiva y el ritual que tuvo, la feria se convirtió en un foro de análisis sobre las amenazas contemporáneas al maíz nativo, a la agrobiodiversidad regional y en general, al modo de vida indígenacampesino que cotidianamente resiste y se reproduce en circunstancias subalternas.

Las organizaciones locales que participan en la Unitona suscribieron y dieron a conocer el Manifiesto por la Defensa del Maíz Nativo, en el que se oponen a que se siga “haciendo de nuestras comunidades un campo de experimentación de proyectos de desarrollo impulsados desde el Estado, los cuales dañan seriamente la vida, la costumbre, la espiritualidad, la identidad y la autodeterminación de nuestros pueblos”. Una de las amenazas más significativas que perciben las organizaciones indígenas y campesinas de la sierra es el Proyecto Maestro de Maíces Mexicanos (PMMM), promovido por la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México de la Confederación Nacional Campesina (CNPAMMCNC), la Universidad Antonio Narro de Coahuila y la trasnacional Monsanto.

Este proyecto funciona en todo el estado, en sus diferentes regiones: sierra norte, zona centro, altiplano y mixteca. Por medio de éste y de su programa de “custodios del maíz”, se están extrayendo las variedades de semillas nativas, además de los conocimientos de los campesinos.

Desde la perspectiva del PMMM, la protección de la diversidad genética de los maíces nativos sólo se puede lograr si se desarrolla su potencial comercial y si se construye un valor agregado que sea de “beneficio para todos sus custodios”. Quienes participan en las redes de custodios que ha formado el PMMM reciben un apoyo monetario de mil pesos por hectárea, así como otros incentivos. Señala el manifiesto: “Este proyecto está llevando las semillas y los conocimientos de los campesinos del estado de Puebla para colocarlos en un lugar llamado Banco de Germoplasma en Coahuila. Para nosotros y nosotras es claro que este proyecto es para que Monsanto pueda despojar a los campesinos de sus semillas y de sus conocimientos. No necesitamos custodios, siempre los hemos tenido a lo largo de generaciones y son nuestros propios campesinos indígenas”.

En el mismo manifiesto existe un pronunciamiento en contra de la puesta en marcha del programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (Masagro), dirigido a pequeños productores que, según la visión del discurso dominante, no tienen acceso a tecnologías modernas, son de escasos recursos, practican la agricultura tradicional o de subsistencia y no participan en el mercado. Además de la capacitación agronómica para “mejorar y dar mayor precisión a las prácticas agrícolas”, Masagro propone a los productores la introducción de “semillas mejoradas de alto rendimiento” para sustituir progresivamente las semillas “convencionales”. De esta manera se busca apoyar a los agricultores innovadores para obtener mejores rendimientos y sobre todo estabilidad en la productividad. Se argumenta que de esta manera el cambio climático no tendrá efectos adversos en los rendimientos ni en la calidad de las cosechas. El cuestionamiento que se hace en el pronunciamiento es sobre “la sustitución de las semillas nativas por otras supuestamente híbridas. Esto con el pretexto de ofrecer una alternativa para los campesinos frente a situaciones como las sequías tan fuertes como antes no se habían presentado”.

La feria del sagrado maíz se convirtió en un foro de denuncia de otros proyectos que ya están en marcha en la región, como las Ciudades Rurales Sustentables, la prospección y la extracción minera, la delimitación de zonas para creación de reservas financiadas con Pago por Servicios Ambientales (PSA) y la cada vez más extendida producción de jatropha para la producción de agrocombustibles. Cada una de estas amenazas, en conjunto, constituye el despliegue del proceso de espacialización capitalista en la región. Se señala en el manifiesto: “Otra de las amenazas a nuestro maíz y a nuestra forma de vida es lo que se está conociendo en el estado como las ‘ciudades rurales’, de las cuales el gobierno del estado quiere construir 50. Además de ello, las plantaciones de jatrofa que están avanzando en el estado para la producción de agrocombustibles, la explotación minera en comunidades como Xonotla, en el municipio de Zacatlán, y los programas para el pago por servicios ambientales (…) se está apoyando desde el estado la siembra experimental de maíz transgénico, contaminando seriamente a nuestra producción de maíces criollos”.

Como se puede advertir, la disputa actual por el maíz no se reduce al hecho de que es un recurso estratégico que ocupa un papel central en el sistema alimentario mundial, sino por ser un cultivo emergente en la agroindustria orientada a la producción de los agrocombustibles. No sólo es la disputa entre dos racionalidades ecológicas excluyentes: para los campesinos; la disputa por las semillas es la disputa por la vida, por la producción, reproducción y el desarrollo de la vida en comunidad.