Estado de México

Despojo, exclusión y turismo en Valle de Bravo

FOTO: Guillermo Varela

Lilia Zizumbo Villarreal

Geográficamente, el Valle de Bravo es parte de las tierras bajas de los estados de Michoacán y Guerrero. Políticamente, está ubicado en el Estado de México y se conforma por un territorio enclavado en el sistema montañoso del Nevado de Toluca y por un centro poblado que se localiza a 144 kilómetros del Distrito Federal y a 71 de la ciudad de Toluca.

Las actividades turísticas surgieron cuando se construyó la presa que lleva el nombre del valle. Con su construcción, se conformó un paisaje idílico que se caracteriza por un hermoso cuerpo de agua rodeado de zonas boscosas. De inmediato la presa se constituyó en el eje central para el desarrollo del turismo.

A los funcionarios públicos no les fue difícil darle valor económico a semejante atractivo natural. Se los permitió la posibilidad de llevar a cabo actividades acuáticas (pesca, esquí, remo, etcétera), que hasta ese momento eran casi imposibles de practicar en el Estado de México, así como impulsar actividades industriales y desarrollos inmobiliarios.

Fue así como llegaron capitalistas inmobiliarios y fraccionadores ajenos al lugar. Motivados por los incentivos que el Estado otorgó, adquirieron grandes extensiones de tierra a bajos precios y crearon, fácil y oportunamente, fraccionamientos inmobiliarios para su posterior venta. Destaca en ello la Empresa Propulsora del Valle de Bravo, SA, que se hizo propietaria de 80 por ciento de La Peña y de toda la rivera del lago, excepto del sector correspondiente al fundo del pueblo.

Pronto se desarrolló un turismo residencial y deportivo de alto nivel económico. Residentes acomodados, principalmente del Distrito Federal, compraron casas para su descanso de fin de semana. Se establecieron restaurantes de comida internacional y, aunque pocos, también se construyeron algunos hoteles. Los nuevos pobladores pasan sus fines de semana remando, esquiando, cabalgando y consumiendo alimentos y bebidas. Viven con prosperidad y confort sus días de relajamiento.

Otra es la situación de los campesinos vallesanos. A ellos se les orilló a desaparecer como grupo social, como cultura y como sistema económico. Al amparo de la política de modernización que devino en la planeación por cuencas, una importante parte de la población nativa fue reubicada en territorios alejados de la presa. Ahí desarrolló una agricultura en condiciones poco favorables de producción y son víctimas de la pobreza.

Otra porción de la población vendió sus tierras y emigró, principalmente, a las ciudades de México y Toluca, o a Estados Unidos. Si bien algunos, sobre todo los que salieron del país, alcanzaron cierta bonanza económica, su desarraigo fue total. Pero la mayoría de los que migraron se quedó desempeñando trabajos de albañilería o bien se dedicó al comercio informal. También los alcanzó la pobreza.

Los que se quedaron, se incorporaron a las nuevas actividades económicas, es decir, a la prestación de servicios turísticos. Pero lo hicieron sin ningún grado de organización, con pocos recursos y sin apoyos técnicos y económicos. A muchos de ellos, los empresarios turísticos establecidos en el lugar los incorporaron a la esfera de la circulación y el intercambio en condiciones asimétricas de dinero y mercancías. Desde esos tiempos, la mayoría de ellos coloca su fuerza de trabajo a un precio que apenas cubre sus costos de subsistencia. La modernización los empobrece cada día más.

Así, pues, Valle de Bravo es un centro turístico exitoso al que se suman el despojo y la exclusión de los campesinos. Lo que para unos se ha constituido en un paisaje idílico de agua, bosques y arquitectura, que les permite su relajación y disfrute, para otros representa un proceso progresivo de sufrimiento, abandono y pobreza. A esas desigualdades obedece que, en la actualidad, se presenten fuertes conflictos de intereses, necesidades sociales insatisfechas y depredación ambiental constante.

No puede decirse que en Valle de Bravo no se ha generado desarrollo local. Lo que sí puede asegurarse es que ese desarrollo ha sido sólo para un segmento de la población: el empresariado local y los turistas residenciales de fin de semana. La segregación y exclusión que el turismo residencial y deportivo ha generado desdice, en mucho, la imagen de belleza y prosperidad que se vende a los turistas.

Al campesinado de Valle de Bravo se le ha alejado la posibilidad de alcanzar una vida digna.

Estado de México

El turismo sustentable de San Pedro Atlapulco

FOTO: Prometeo Lucero

Neptalí Monterroso Salvatierra

San Pedro Atlapulco es una comunidad rural que se reconoce como otomí o hñahñu. Se encuentra en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México, en los límites del Parque Nacional Miguel Hidalgo, comúnmente llamado La Marquesa, a 43 kilómetros de la ciudad de México y a 39 de Toluca. Está enclavado en pleno bosque de oyameles, pinos, encinos y laurelillos, y cuenta con una gran cantidad de acuíferos que surten de agua a la población local, a los municipios de Ocoyoacac, Huixquilucan y Lerma, y a una parte de la zona suroeste del Distrito Federal.

En el centro urbano de Atlapulco viven tres mil 828 personas, 48 por ciento son hombres y el resto mujeres. Esta población sustenta su vida diaria en la organización comunal en torno al territorio, la asamblea, el comisariado, el tequio y las fiestas.

Sus fiestas importantes están relacionadas con los tiempos del ciclo agrícola: el carnaval, la bendición del maíz, el culto a los muertos y la peregrinación por las montañas sagradas de Chalma.

En la parte baja de los bosques están asentados siete valles, en los que actualmente los comuneros ofrecen servicios turísticos: Potrero, Conejo, Silencio, Rancho Viejo, Monjas, Cerrito del Ángel y Carboneras. Son valles que poseen un gran atractivo natural y que, como están cercanos a las ciudades de México y Toluca, son muy concurridos para andar a pie, a caballo, en cuatrimoto o en lancha, consumir alimentos, comprar artesanías y dulces cristalizados, respirar aire puro y estar en tranquilidad con la familia.

La prestación de servicios turísticos constituye actualmente la principal actividad económica en Atlapulco. Se ofrecen los sábados, domingos y días festivos; sólo los restaurantes ubicados a la orilla de la carretera operan diariamente. Son de oferta individual (comida, dulces, artesanías, caballos, cuatrimotos) y colectiva (paseos en lancha, tobogán, pesca de truchas, aventura en bosques, kioscos y áreas para comer y descansar). Los primeros representan los giros económicos que cada comunero puede desarrollar y cada negocio es propiedad de no más de dos personas. Los segundos son los que establecen las directivas de los valles y sus ingresos se utilizan para mejoras que benefician a la comunidad.

Los requisitos para desarrollar servicios individuales son: ser oriundo de la comunidad, estar al corriente en faenas y cooperaciones y haber cumplido los cargos públicos o eclesiásticos que la comunidad le haya encomendado. Con esto cubierto, el interesado presenta su solicitud para que sea autorizada por la Delegación Municipal, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de Vigilancia y el Comisariado de Bienes Comunales. Luego la presenta a la directiva del valle que le correspondió y de inmediato se le asigna el lugar en que podrá desarrollar su actividad productiva.

Hasta ahora la comunidad ha logrado combinar su institucionalidad comunitaria (agraria, civil y religiosa) con la defensa de su territorio y el desarrollo de una actividad económica vinculada con la recreación sabatina y dominical de los habitantes de las ciudades cercanas. Sin embargo, su vecindad con otras comunidades con las que comparte económica, social y culturalmente el espacio de La Marquesa, si bien le ha permitido llevar una vida en común, también la ha involucrado en la disputa por ese territorio. La historia de posesiones y despojos a que se han visto sometidas algunas de esas comunidades ha tornado difusos los límites territoriales, lo que ha dado lugar a conflictos comunales de los cuales no se ha escapado Atlapulco.

El territorio de La Marquesa también ha estado en la mira de funcionarios públicos y empresarios privados. Su conversión en parque nacional en 1943 significó para las comunidades, entre ellas Atlapulco, la expropiación de varias hectáreas. En 1964 se le expropiaron 150 hectáreas a San Jerónimo Acazulco, comunidad cercana a Atlapulco, a favor del Instituto Nacional de Energía Nuclear; desde esas fechas, ésta y otras comunidades han sufrido continuas expropiaciones por derechos de vía, instalación de torres y gasoductos.

Hace más de diez años existe un proyecto empresarial que pretende convertir a La Marquesa en un centro de juegos y gran turismo. La comunidad que más se ha opuesto a ese proyecto es Atlapulco. Han salido adelante, pero están conscientes de que deben luchar por preservar su derecho al usufructo del territorio, sus usos y costumbres. Es su vida.

Quintana Roo Mercantilización de la naturaleza La nueva forma de acumulación de capital en puerto morelos Érika Cruz Coria y Adrián A. Vilchis Onofre Puerto Morelos es un pueblo costero localizado en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo; limita al norte con la ciudad de Cancún y al sur con Playa del Carmen. Su población se conforma por un grupo minoritario de pescadores y en mayor proporción por migrantes de diferentes partes del país y del extranjero, situación que impide una identidad arraigada, y sus recursos naturales –entre los que destacan selva, manglar y un arrecife que forma parte de la segunda barrera coralina más grande del mundo– han quedado a merced de intereses gubernamentales y privados. La historia de Puerto Morelos da evidencia de tal afirmación. Su economía se ha transformado con base en las tendencias y políticas nacionales e internacionales, sin importar las capacidades ni necesidades de la población. Desde su fundación, a principios del siglo XX, ha transitado por distintas formas de mercantilización de la naturaleza: primero, la extracción de chicle, mediante concesiones en la selva; posteriormente, la pesca comercial, principalmente de langosta y caracol, y hoy día el turismo, con el cual los recursos naturales continúan siendo el atractivo más importante para los grandes capitales. Hoy la venta de tierra, y sobre todo la explotación turística del arrecife, se han convertido en el punto central para la inserción de este poblado en el mercado internacional. El 2 de febrero de 1998 se publicó el decreto mediante el cual este recurso se convirtió en Área Natural Protegida (ANP) en la categoría de Parque Nacional, tras las peticiones de los puerto morelenses, pero no incluyó el manglar a pesar de la importante asociación de los ecosistemas. Así, lo que surgió como una movilización comunitaria para proteger el recurso de la invasión de prestadores de servicios turísticos ajenos a la población se institucionalizó a favor de intereses privados. Con el respaldo y las subvención del estado de Quintana Roo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CNANP) ha puesto en marcha una serie de políticas que, bajo el discurso de la conservación, restringen a los pobladores locales el aprovechamiento del arrecife por no cumplir con los requerimientos que estipula, mientras que empresas trasnacionales como El Cid, Moon Palace, Secrets Excelents y Paradisus Riviera Cancun obtienen sin problema más de una concesión, y ello, además de causar graves afectaciones sobre el recurso, está debilitando la economía local, misma que se ve incapaz de competir en condiciones tan desiguales. La mercantilización de la naturaleza continúa, y aún más: dada la ubicación estratégica de este poblado para el comercio, en el gobierno de Félix González Cantó se anunció la creación de un complejo denominado Dragón Mart que albergará empresas chinas enfocadas en la venta de material de construcción, artículos electrónicos y electrodomésticos, al igual que partes automotrices. Y por haberse excluido al manglar del ANP, se desecarán y rellenarán cerca de 300 hectáreas de éste para construir allí bodegas, y también será necesario dragar arena para permitir la entrada de barcos de gran calado, lo cual afectará tanto el ecosistema natural como a la vida social, debido a que se prevé la llegada de alrededor de dos mil 500 trabajadores chinos que requerirán de todos los servicios públicos. Este proyecto, cabe decir, afectará a todo el país, por el golpe a las manufactureras nacionales que implicaría la entrada de todo tipo de mercancías de bajo costo. Protegido por las políticas gubernamentales, el capital turístico ha encontrado en este poblado todas las condiciones para mercantilizar los recursos naturales como una nueva forma de acumulación de capital. Aunado a esto, la división, la exclusión y la compleja configuración social que ha traído consigo el turismo, han acotado las posibilidades para que la población establezca estrategias de resistencia y sea quien decida el rumbo de su desarrollo.