Córdoba, 17 de noviembre. El Movimiento Campesino Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC) denunció hoy el asesinato de Cristian Ferreyra, integrante de esa organización, por dos sicarios de un empresario rural originario de la provincia de Santa Fe, que desde hace tiempo intenta desalojar a los pequeños productores comunitarios de sus tierras para sembrar soya. Dejaron además otros dos heridos.

El hecho se produjo en San Antonio, a unos 60 kilómetros de Monte Quemado y al norte de Santiago del Estero, y repercutió en la capital y el interior de Córdoba, donde hay grupos campesinos similares que llevan adelante la misma lucha en defensa de sus tierras, junto a los pueblos originarios.

Los dirigentes del Mocase-VC caracterizaron como un crimen por encargo el asesinato del joven, a cuya casa llegaron los hombres armados. Desde hace tiempo habían denunciado ante jueces de Santiago del Estero las graves amenazas de muerte que recibían en los intentos de desalojarlos de sus tierras, y otros de desalojo de familias que viven en esos terrenos desde hace años, algunos casi un siglo.

Anteriormenteel Mocase-VC ha tenido otras víctimas, incluso un pequeño productor quemado vivo en su tractor y familias golpeados por guardias blancas de los productores rurales, que intentan asentarse en el lugar y destruir las zonas de montes originales.

Los denunciantes dieron los nombres de Javier y Arturo Juárez, que trabajan para la familia Ciccioli, que hace tiempo mantiene la disputa por las tierras y ha actuado con la complicidad de algunos jueces, policías y políticos locales.

La comunidad de San Antonio, miembro de Mocase-VC, viene resistiendo el intento de desalojo por parte de empresarios que han contratado matones armados para realizar actos de amedrentamiento en la zona norte de Santiago del Estero, señaló el comunicado.

Agregan que estos empresarios sin escrúpulos diseñaron un plan de ataque que vienen sufriendo los campesinos indígenas desde hace cuatro meses en los departamentos de Copo, Pellegrini y Alberdi, en el mismo norte santiagueño.

Como ejemplo, señalan un atentado contra la Pajsachama, la quema de ranchos y otras pertenencias, así como la detención arbitraria del líder Ricardo Cuéllar.

De la misma manera, se denunció a funcionarios provinciales y judiciales, como el juez penal Alejandro Fringes Sarria, de Monte Quemado, quien a pesar de haber recibido varias denuncias previas nada hizo para detener la violencia y recuerdan que el comité de crisis que se creó ante las difíciles situaciones en esa región, tomó nota de los atropellos pero no se ha logrado que se detengan los desalojos.

El Mocase-VC tuvo durante el paro golpista de cuatro entidades agrarias, encabezadas por la Sociedad Rural, una posición totalmente distinta y advirtió que ninguno de esos sectores ha defendido los derechos de las tierras ocupadas por los pueblos originarios y pequeños productores comunitarios que trabajan desde años en el lugar.

El asesinato del joven fue repudiado por una serie de movimientos rurales y sociales y fue considerado como una crónica de una muerte anunciada porque los empresarios que han llegado desde otras provincias a Santiago del Estero plantearon públicamente que iban a actuar con violencia e incluso a matar a los que se resistieran.

Ahora se pide una investigación a fondo de este caso, en momentos en que además en los juicios por violaciones contra los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura militar, como está sucediendo aquí en Córdoba o en Mendoza, se está juzgando a los jueces cómplices, muchos de los cuales continúan ocupando cargos actualmente en la justicia.

Por otra parte, Luis D’Elía, presidente de la Federación Tierra y Viviendas, que apoya al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, repudió el crimen, conjuntamente con algunos diputados, y pidió una investigación urgente y castigo para los culpables, mientras que con otras organizaciones llamó a movilizaciones urgentes en el interior del país y en la capital federal.