El dinero para la capitalización de Mexicana de Aviación sigue sin comprobarse, pero los trabajadores esperan que hoy el juez confirme su existencia y que están etiquetados sólo para la reactivación de la empresa.

El conciliador Gerardo Badín informó que el juez decimoprimero en materia civil, Felipe Consuelo Soto, ya recibió la documentación aportada por el empresario Iván Barona, que consiste en una prueba de existencia de fondos suficientes en una empresa extrajera, pero puntualizó que esos recursos están siendo verificados por una institución bancaria mexicana.

El dirigente de los trabajadores de Tierra, Miguel Ángel Yúdico, señaló que un obstáculo a la vista en el proceso, señalado por colaboradores de Iván Barona, es que temen que al ingresar el dinero a México sea retenido por la Secretaría de Hacienda, Bancomext, Banorte o el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que son los principales acreedores después de los trabajadores, por lo que, explicó, los inversionistas quieren que se firme un convenio concursal para así tener la certidumbre de que el pago de deudas se hará de manera ordenada.

En tanto, los dirigentes sindicales atendieron ayer varios frentes. Unos acudieron a la Cámara de Diputados a solicitar el apoyo de los legisladores para evitar que el juez Consuelo Soto sea relevado del caso por las diferencias que ha tenido con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Y otros advirtieron al secretario de Trabajo, Javier Lozano, que ningún funcionario del gabinete puede decidir sobre la quiebra de la empresa y que los términos de la liquidación está depositados en la propia Secretaría del Trabajo, por lo que no pueden ser cambiados de manera abrupta. Esto, debido a que el funcionario declaró que los trabajadores deberían ir pensando en la liquidación antes de que los activos de Mexicana se sigan depreciando.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, aseguró que hasta ayer por la tarde no había notificación alguna de que se haya acreditado la existencia de los recursos que el señor Iván Barona se comprometió a dar para la restructura de Mexicana de Aviación, y volvió a delimitar las funciones de la dependencia en el caso, que consisten en evaluar las capacidades de la empresa para que obtenga el certificado aeronáutico.

Antes de su intervención en el 26 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, el funcionario aseguró que Barona ha estado reunido todo el día (ayer) con el conciliador Gerardo Badín y, en caso de que acredite los 400 millones de dólares prometidos, entonces el juzgado encargado del concurso mercantil podrá restructurar los activos de la aerolínea.

A la espera de que el juez diga si Iván Barona dispone o no de los 400 millones de dólares para capitalizar Mexicana, los trabajadores continuaron ayer en plantón frente a la SCT, pero de forma moderada.

Mientras, Miguel Ángel Yúdico, el capitán Jesús Fernández y el dirigente de los sobrecargos, Ricardo del Valle, se reunieron con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Emilio Chuayfet, los legisladores Mario Di Costanzo, Francisco Hernádez Juárez y el también ex secretario de Trabajo Francisco Javier Salazar, para solicitarles que intervengan a fin de impedir que el juez Felipe Consuelo Soto sea relevado por haber denunciado la actuación de la SCT y la intervención de intereses siniestros, y por querer ayudar a los trabajadores al ampliar el plazo de conciliación.

También pidieron su intervención para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) permita a Mexicana realizar vuelos chárter, a lo que el director de la terminal, Héctor Velázquez, se negó. Los dirigentes sindicales salieron de la Cámara con el compromiso de que los legisladores promoverán un punto de acuerdo para ayudarlos.

Al dirigente de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA), Fernando Perfecto, le tocó hacer frente al secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien después de semanas de no pronunciarse sobre Mexicana ayer dijo que los trabajadores deberían valorar la pertinencia de ser liquidados antes de que los activos de la aerolínea se sigan depreciando, y agregó que aunque no le guste al juez, eventualmente tendrá que declarar la quiebra si no hay inversionistas.

Perfecto respondió a Lozano que el mecanismo de liquidación está depositado en un compromiso en la dependencia a cargo de este funcionario y tiene tres modalidades: que 970 millones de pesos se dedicarán a la liquidación por la antigüedad generada por cada trabajador; la segunda consiste en recibir otra cantidad similar a siete años generando un interés a TIIE más dos puntos; y la tercera para todos implicará que los trabajadores tengan 5 por ciento de participación accionaria.

Acerca de la reactivación o la quiebra de Mexicana advirtió que el juez es el único que puede decretar la quiebra; ningún integrante del Poder Ejecutivo federal tiene esa atribución, y además los sindicatos harán lo que sea necesario para evitar la quiebra, si alguien más opina de otra manera es respetable pero no aceptable.