yer, durante una comparecencia en la Cámara de Diputados, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, dijo que esa dependencia investigará hasta sus últimas consecuencias
a los responsables por el operativo Rápido y furioso, e informó que se han abierto ya tres averiguaciones previas por ese caso y se ha solicitado la extradición de seis ciudadanos estadunidenses a México.
Las afirmaciones de la procuradora federal ponen en perspectiva una respuesta errática y tardía de la dependencia que encabeza ante el citado operativo: las investigaciones anunciadas, más otras de mayor envergadura, tendrían que haber sido emprendidas por las autoridades mexicanas por lo menos desde que la realización de Rápido y furioso salió a la luz pública, en febrero pasado. En cambio, el compás de espera en que ha permanecido la PGR durante todos estos meses ha representado una abdicación del gobierno mexicano a sus deberes institucionales y legales en materia de procuración de justicia dentro del propio territorio.
Por otra parte, resulta imposible desvincular las afirmaciones de la funcionaria federal de los señalamientos formulados por autoridades y representantes del vecino país de que la dependencia a su cargo tuvo conocimiento de la citada operación desde su inicio: ayer mismo, el diputado por el Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña presentó en San Lázaro un documento –elaborado por el Congreso estadunidense– en el que se afirma que un funcionario de la oficina gubernamental de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) informó a Morales Ibáñez de la realización de Rápido y furioso antes de que se enterara por los medios
. Hace dos semanas, la difusión de un informe de esa misma dependencia reveló que por lo menos desde 2007 los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron la realización de operaciones conjuntas de tráfico controlado
de armas, y que el entonces titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, tuvo conocimiento de esa estrategia.
A la luz de estas afirmaciones, parece difícil sostener la versión de que las autoridades mexicanas se enteraron de estos operativos a partir de su salida a la luz pública en medios de comunicación. Las inconsistencias entre lo que sostienen las autoridades calderonistas y lo que afirman legisladores y funcionarios estadunidenses tendrían que obligar a las primeras a dar una explicación convincente y cabal sobre los hechos y, en tanto no la haya, las pesquisas anunciadas ayer por Morales quedarán desacreditadas de antemano.
Otro aspecto preocupante de la comparecencia de Morales Ibáñez en San Lázaro es que ésta reveló el grado de improvisación y la falta de planeación que persisten el proceso de depuración
emprendido por la PGR, el cual, según informó la titular de esa dependencia, quedará concluido al ciento por ciento
para el año entrante. Aun concediendo que la dependencia federal pudiera alcanzar esa meta –lo que parece altamente improbable–, queda sin responder la pregunta de qué hará el gobierno federal con los efectivos y funcionarios que no aprueben los controles de confianza: si el propio Felipe Calderón ha señalado que ese tema es una preocupación para todos, para la que hay que buscar alternativas
, habida cuenta que el destino más probable de un agente despedido por no ser confiable se encuentra en las filas de la delincuencia, lo menos que habría cabido esperar es que la procuradora delineara ayer una propuesta concreta y viable para atender ese delicado asunto.
En suma, la actitud errática y poco convincente de Morales Ibáñez durante su comparecencia ante el Legislativo es reflejo del deterioro, de la perdida de credibilidad y de autoridad moral y del incumplimiento de tareas básicas que ha caracterizado a la PGR durante la actual administración, y que se han expresado en pérdida de seguridad pública, paz social, justicia y soberanía.
