El presidente Felipe Calderón acusó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de radicalizarse porque no ha podido demostrar la constitucionalidad de su política educativa y laboral, y la disidencia magisterial ha evidenciado que el concurso de plazas docentes sólo ha servido para hacer un ejército de trabajadores eventuales y violar los preceptos de la Carta Magna.

El secretario general del Comité Nacional Democrático del sindicato magisterial, Sergio Espinal, señaló que detrás de los proyectos del gobierno federal respecto del examen para obtener una plaza y de la evaluación universal de los maestros está el “ataque a la contratación colectiva. El fondo de todo esto es que nos quieren llevar a la eventualidad.

Quienes están involucrados en el tráfico de plazas son el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) encabezado por Elba Esther Gordillo, las secretarías de educación de los estados, los comités seccionales de la organización sindical y la Subsecretaría de Educación Básica, dirigida por Fernando González Sánchez, yerno de Gordillo. Calderón no puede decir que no sabe quiénes venden estos puestos, apuntó.

El pasado jueves, el Ejecutivo sostuvo que la radicalización de la CNTE es dañina para el país porque en algunos estados no se han podido concursar las plazas magisteriales.

Al respecto, Espinal dijo que es muy desafortunado que el Presidente tenga esa opinión de los maestros democráticos, quienes con un juicio crítico y fundamentos basados en las normas han dejado constancia de las violaciones a los derechos laborales que representan las medidas tomadas por la administración panista.

Añadió que Felipe Calderón “no puede argumentar que nos estamos ‘radicalizando’, porque ese concurso (el de las plazas) tiene una afectación directa sobre la fracción octava del Apartado B del artículo 123 y de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que tenemos derechos escalafonarios”.

El gobierno calderonista presume de atacar con esta estrategia la venta y la herencia de dichos puestos, pero lo que en realidad combate son los derechos laborales. Por eso, la disidencia sostiene que hoy existen más de 100 mil trabajadores interinos, eventuales, con pagos por honorarios o a lista de raya. Si se hace una auditoría se constatará lo anterior, añadió.

Expresó que el magisterio democrático continúa con el llenado de formularios para interponer el próximo 18 de noviembre ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje una demanda colectiva en contra del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, y Elba Esther Gordillo, por imponer la evaluación universal, que no está prevista en la ley y que en los hechos se traduce en acciones de terrorismo laboral.