Aunque Estados Unidos pone muchas trabas para poder extraditar a sus ciudadanos, sobre todo si se trata de funcionarios, el gobierno mexicano debe solicitar que se traslade y se juzgue a los responsables del plan Rápido y furioso y de los otros operativos, que permitieron la introducción de armas de alto poder al país, consideró el senador del PRI, Fernando Baeza.

Ex gobernador de Chihuahua, deploró que lo único que hace la administración de Felipe Calderón es pedir a Estados Unidos que aplique todo el rigor de la ley a los responsables y aquí no se haga nada.

Dijo que esperan la respuesta del gobierno federal a la demanda del Senado, formulada en la sesión del jueves pasado, para emprender acciones judiciales que concluyan en una solicitud de extradición de los funcionarios estadunidenses que participaron en las operaciones para introducir el armamento, el cual fue a dar a manos de cárteles de la droga.

El priísta recalcó que no entiende la postura del gobierno de Felipe Calderón, ya que hay un tratado de extradición con Estados Unidos que puede hacer valer, sobre todo si se trata de hechos tipificados como delito grave en México, que ha tenido repercusiones muy fuertes.

Hace mucho que el gobierno mexicano debió abrir una averiguación y hacer una consignación ante los jueces, porque hay evidencias de la responsabilidad de funcionarios de Estados Unidos. ¡Ya lo reconocieron legisladores y funcionarios, entre ellos el procurador Erick Holder, qué esperan para proceder judicialmente!, expresó.

Baeza agregó que México es el más agraviado, pues con esas armas que los funcionarios pasaron, supuestamente para dar seguimiento a los narcotraficantes que las adquirieron, ya cegaron la vida de muchos mexicanos y va a seguir en ese camino.

Sobre la posibilidad de que fructifique la extradición, dado que se trata, entre otros, de los integrantes de una agencia como la de Armas y Explosivos, responsable del control de armas, explicó que que durante su paso por la PGR pudo constatar las trabas que pone el gobierno estadunidense cuando se juzga a sus ciudadanos en otras naciones.

Las autoridades de Estados Unidos no sólo se limitan a verificar que se cumplan todos los requisitos establecidos en el tratado de extradición, sino que anticipan si existe o no la responsabilidad del sujeto al que se pide extraditar, que es tarea de un juez y en este caso que sería un juez mexicano.

Nosotros ponemos los muertos

Aún así, agregó, el gobierno mexicano lo debe hacer. “No podemos tolerar que aún así sea por error, porque se le salió de control, Estados Unidos pertreche con armas de alto poder a los cárteles de la droga. Nosotros ponemos los muertos y ellos siguen con su negocio”.

En entrevista, el senador Francisco Labastida Ochoa dijo no estar seguro de que se logre la extradición de los responsables de Rápido y furioso, pero más allá, lo que se requiere es mayor firmeza de la administración de Felipe Calderón frente a Estados Unidos.

Coincidió con lo expresado por el senador del PAN, Felipe González, de que México reordene sus prioridades en la vigilancia de la frontera norte. Es decir, cumplir con nuestra responsabilidad y en vez de estarnos preocupando de que las drogas no pasen a Estados Unidos, debemos ocuparnos de que las armas no entren a México.

Insistió: No tenemos por qué hacerle el trabajo a Estados Unidos, la responsabilidad de que no entren drogas allá es de ellos y la de nosotros es que no lleguen armas ni dinero ilegal a nuestro territorio.