Tras el accidente en el que murió el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño (4 de noviembre de 2008), el gobierno federal ordenó que el servicio de transporte aéreo de los funcionarios de primer nivel dejara de estar a cargo de empresas privadas y fuera responsabilidad del Estado Mayor Presidencial (EMP).

La decisión se tomó para garantizar la seguridad de los funcionarios y que éstos utilizaran sólo aviones y helicópteros piloteados por elementos de la Fuerza Aérea Mexicana adscritos al EMP.

El helicóptero en el que viajaba ayer el titular de Gobernación, Francisco Blake Mora, y que se desplomó en el estado de México, formaba parte de la flota de nueve Superpuma, fabricados por la empresa europea Eurocopter, que posee el EMP.

Cabe destacar que la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, dependiente del EMP, ha tenido incrementos sustanciales de recursos en años recientes para reforzar la seguridad y dar mantenimiento a la flota presidencial, al pasar de 265 millones 203 mil 289 pesos en 2008 a 297 millones.

Este aumento también se ha destinado al servicio que se presta a bordo de las aeronaves a funcionarios, invitados y prensa acreditada durante los vuelos presidenciales.

La Presidencia de la República erogó en 2010, por bebidas y alimentos, 7 millones 260 mil 11 pesos, mientras en los primeros dos meses de 2011 la suma ya superaba los 254 mil 497.

Según datos oficiales, los helicópteros de la flota presidencial tienen una antigüedad que va de 1983 a 2009; el más reciente es el que utiliza el presidente Felipe Calderón.

La nave siniestrada tenía la matrícula AS332XC-UHP TPH06 y de acuerdo con los registros oficiales, fue construida en 1987.

Cuando falleció Mouriño, quien iba acompañado del titular la Siedo, José Luis Santiago Vasconcelos, y de otros funcionarios, viajaba a bordo de un Learjet 45, propiedad de Gobernación, pero el mantenimiento y la operación dependían de la empresa Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva.

Un mes después del accidente, la Secretaría de Comunicaciones suspendió de manera definitiva las actividades de dicha empresa, así como la escuela de aviación que expidió las licencias a los pilotos que operaban la nave.