La maldición de la violencia: extractivismo en América Latina
 foto: XIMENA BEDREGAL |
Alberto Acosta
La violencia configura un elemento consustancial del extractivismo, modelo bio-depredador por excelencia. Hay violencia desatada por el Estado a favor de los intereses de las empresas, sobre todo transnacionales. Violencia camuflada como acciones de sacrificio indispensable de unos pocos para asegurar el bienestar de la colectividad, independientemente de la orientación ideológica de los gobiernos. Basta ver la represión en Yukumo, Bolivia, por defender el TIPNIS, o la del gobierno de Alan García en la Amazonía peruana en junio del 2009, o la que se produjo en Dayuma, en la región amazónica ecuatoriana, a fines del 2007. Hay incluso una violencia simbólica infiltrada en sociedades que han asumido el extractivismo como algo inevitable.
Las actividades extractivistas generan graves tensiones sociales donde se realiza la explotación. Sus impactos provocan división de comunidades, peleas entre ellas y dentro de las familias, violencia intrafamiliar, violación de derechos comunitarios y humanos, delincuencia, inseguridad, tráfico de tierras. Las tensiones sociales en las regiones crecen a través de otras formas perversas de dominación cuando, por ejemplo, se conforman empresas en las que participan grupos indígenas para explotar recursos naturales no renovables en zonas conflictivas, como en el Bloque Armadillo en Ecuador donde está prohibido extraer petróleo por la presencia de pueblos en aislamiento voluntario.
La violencia aflora cuando los gobiernos, incluso los considerados progresistas, criminalizan la protesta popular contra de las actividades extractivistas con el fin de garantizarlas para reducir la pobreza, como justifica el mensaje oficial. Tampoco han faltado guerras civiles, hasta guerras abiertas entre países o agresión imperial por potencias empeñadas en asegurarse los recursos naturales.
Estos ingresos han permitido Estados paternalistas y autoritarios, cuya capacidad de incidencia está atada a la capacidad política de gestionar mayor participación de la renta minera o petrolera, así como a su capacidad de imponer nuevos proyectos extractivistas supuestamente indispensables para encarar la pobreza y desarrollar la economía; proyectos que, de conformidad con la propaganda oficial, hasta servirían para proteger el ambiente.
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Se ha configurado una estructura y una dinámica política no sólo violenta y autoritaria, sino voraz. Ante la ausencia de un acuerdo nacional para manejar estos recursos, sin instituciones democráticas sólidas, aparecen grupos de poder desesperados por una tajada. Esto debilita la gobernabilidad democrática, en tanto establece o facilita la permanencia de gobiernos autoritarios y empresas voraces.
Los altos ingresos le permiten al gobierno prevenir grupos y fracciones de poder independientes en condiciones de demandar derechos políticos y de desplazarlos democráticamente. El gobierno asigna cuantiosas sumas para reforzar sus controles internos, incluyendo la represión.
Una gran paradoja: países muy ricos en recursos naturales, incluso con importantes ingresos financieros, siguen siendo pobres. Han apostado por la extracción de esa riqueza natural para el mercado mundial, marginando otras formas de creación de valor sustentadas más en el esfuerzo humano que en la generosidad de la Naturaleza.
Hace pocos años se inauguró una nueva etapa en América Latina. Gobiernos progresistas, desligados de los mandatos del FMI y el Banco Mundial, empezaron a revertir la tendencia neoliberal. Sin embargo, este empeño no afecta (aún) la esencia extractivista. Los países con posiciones antiimperialistas, al mantener modelos que los atan a los intereses económicos de los países centrales, no logran su independencia.
Hay avances en la defensa del interés nacional y la consecuente acción estatal para reducir la pobreza. Han aumentado las regulaciones y normas estatales. Se han fortalecido empresas estatales. Y desde una postura nacionalista se procura una mayor tajada de la renta petrolera o minera. Parte significativa de esos recursos, a diferencia de lo que sucedía en años anteriores, financia importantes programas sociales. Estos Es tados enfrentan activa y directamente la pobreza. Eso no cambia la modalidad de acumulación primario-exportadora. La subordinación a la lógica global de acumulación del capital se mantiene inalterada. El control de las exportaciones nacionales sigue en manos del capital transnacional.
Perversamente, muchas em presas estatales de estas economías parecerían programadas para reaccionar exclusivamente ante impulsos foráneos con lógicas parecidas o peores a las de las transnacionales. Igualmente contradictorio es que estos gobiernos, supeditados por los intereses geopolíticos transnacionales de las viejas y nuevas hegemonías como China y Brasil, continúen desarrollando proyectos de integración al mercado mundial impulsados por las fuerzas de dominación del sistema-mundo capitalista, como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).
Gracias al petróleo o a la minería, los gobernantes progresistas logran consolidarse en el poder y desplegar renovadas acciones estatales para enfrentar la pobreza. No esperan a que se reduzca algún día por efecto del crecimiento económico. Enten dieron que no funciona esa teoría neoliberal. Del Estado mínimo del neoliberalismo, se intenta reconstruir y ampliarlo para liderar el proceso de desarrollo, y no dejarlo atado al mercado. La mentablemente, no se alteran las bases estructurales de la modalidad extractivista.
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Si bien se ha conseguido reducir la pobreza, las diferencias e inequidades se mantienen. Los segmentos empresariales no dejan de obtener cuantiosas utilidades aprovechando este renovado desarrollismo. Como en épocas pretéritas, el grueso del beneficio de esta orientación económica va a las economías ricas, importadoras de Naturaleza, que sacan un provecho mayor procesándola y comercializándola. Mientras, los países exportadores de bienes primarios, que reciben una mínima participación de la renta, cargan con los pasivos ambientales y sociales que ocultan procesos en extremo violentos que implican una masiva y sistemática agresión a la Madre Tierra y las comunidades.
Superar esas aberraciones coloniales y neocoloniales es el reto. Construir el Buen Vivir constituye un paso cualitativo para disolver el tradicional concepto del progreso en su deriva productivista y del desarrollo en su visión mecanicista de crecimiento económico. El Buen Vivir propone una visión mucho más rica en contenidos, y más compleja. Para lograrlo, es indispensable salir de la trampa del extractivismo.
Loja, Ecuador,
30 de septiembre