l gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, inició ayer un juicio de legalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la retención de recursos –que ascienden a casi mil millones de pesos– practicada por el gobierno federal en las participaciones a esa entidad. Desde septiembre pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decidió descontar de tales participaciones las retenciones a empleados federales, lo que ha generado un grave desajuste en las finanzas públicas estatales, hasta el punto de que desde hace un mes los funcionarios de alto nivel –incluido el gobernador– no han podido cobrar sus salarios, en tanto la Comisión Federal de Electricidad ha empezado a suspender el abasto de energía a oficinas estatales y han debido suspenderse diversas obras públicas.
Cualesquiera sean los argumentos de la administración que encabeza Felipe Calderón para suspender la entrega de participaciones federales al gobierno michoacano, una mínima sensibilidad social habría debido desaconsejar tal medida, pues con ella no sólo se afecta el desempeño de las autoridades locales, sino se agrava la conflictiva social de la entidad y se contribuye a su desestabilización y, por ende, a la del país en general. Pero no puede ignorarse que esta suerte de castigo presupuestario ocurre en vísperas de un proceso electoral para renovar el gobierno estatal, y que en él participa, como abanderada de Acción Nacional, una hermana del titular del Ejecutivo federal.
En tal circunstancia, resulta inevitable interpretar la actitud de la SHCP como acto faccioso, orientado a minar al Partido de la Revolución Democrática (PRD), que gobierna la entidad, para favorecer la candidatura de Luisa María Calderón Hinojosa.
La interpretación se fortalece si se toma en cuenta el desembozado respaldo de diversas dependencias del gobierno federal a la candidata panista, expresado en giras conjuntas de diversos secretarios de Estado y en el uso de recursos públicos federales –transportes, comunicaciones, seguridad y otros– en las actividades de la campaña blanquiazul. Si no bastara con lo anterior, debe recordarse el acoso judicial y policial que el gobierno calderonista ha mantenido contra la actual administración pública michoacana; la manifestación más escandalosa de esa hostilidad fue el llamado michoacanazo, operativo para arrestar y encarcelar, en forma completamente infundada, a decenas de funcionarios y representantes populares de la entidad.
En esta misma línea parece inscribirse la manifiesta animadversión con que han sido llevadas desde Los Pinos las relaciones con las autoridades del Distrito Federal durante los primeros cuatro años del actual gobierno, y que se ha manifestado tanto en un golpeteo declarativo como en sorpresivas suspensiones del abasto de agua y en la persistencia de los legisladores blanquiazules por asfixiar financieramente al gobierno capitalino cada vez que se discute y vota un presupuesto anual de egresos.
Estas formas tramposas de empleo de los recursos públicos, herencia vergonzante de una incultura política jurásica que veía al poder público como patrimonio de grupos y partidos, son contrarias al desarrollo democrático y acaban por revertirse en contra de quienes las practican, incluso si mediante ellas consiguen hacerse de triunfos electorales en el plazo inmediato. Sin ir más lejos, la activa intromisión del gobierno de Vicente Fox en el proceso de 2006 en favor del entonces abanderado presidencial panista fue uno de los factores –junto con la indebida beligerancia partidista de cúpulas empresariales y el oscuro desempeño de las autoridades electorales– que restaron legitimidad a la actual administración federal. Las graves irregularidades presentes en el acceso de Calderón Hinojosa a Los Pinos han tenido un precio altísimo para su gobierno y para el país en general.
Por las razones expuestas, la administración calderonista haría bien en entregar sin retrasos ni descuentos arbitrarios las participaciones federales a Morelia; en abstenerse de respaldar, con recursos que pertenecen al país y no a Acción Nacional, la candidatura de Luisa María Calderón, y en permitir que Michoacán realice una contienda electoral equitativa, justa y transparente.
