Después de una intensa discusión, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer que el Senado de la República está legitimado para impugnar, vía controversia constitucional, el decreto presidencial que adelanta el apagón analógico del año 2021 al 2015.

Sin ponerse de acuerdo sobre si la demanda de los legisladores es en contra de un acto administrativo o norma general, los ministros aplazaron para el próximo lunes este punto, ante la ausencia de Guillermo Ortiz Mayagoitia, porque hubo empate a cinco votos sobre este punto.

Fuentes judiciales precisaron que si el pleno determina que se trata de una norma general, entonces se requeriría de ocho votos para invalidar el decreto del presidente Calderón que adelanta la transición a la televisión digital; en cambio, si los ministros concluyen que se está impugnando un acto administrativo, se necesitaría de una mayoría simple para declarar su inconstitucionalidad. Los informantes agregaron que cuando la primera sala de la Corte desechó el recurso de reclamación que presentó Calderón en contra de la controversia constitucional de los senadores, Ortiz Mayagoitia votó en el sentido de que se trataba de una norma general (ley).

Por su parte, la ministra instructora, Olga Sánchez Cordero, señaló que el Ejecutivo federal invadió la esfera de competencia del Congreso, por lo que el decreto es inconstitucional, y alertó que si el pleno avala la acción del presidente Calderón, entonces se correría el riesgo de permitir que un poder del Estado se sobreponga a otro; es decir, que se violentara el principio de división de poderes.

Aseveró que esto sería grave, porque la Corte estaría confiriendo el carácter de inimpugnable el actuar de alguno de estos poderes.

Arturo Zaldívar añadió que los decretos del Ejecutivo pueden ser impugnados vía controversia constitucional, para evitar que se den casos, y de hecho los hay, en que el Ejecutivo puede vulnerar las atribuciones del Congreso a través de un decreto o de un acto administrativo; supongamos: un decreto que simplemente desaparece la Cofetel. Entonces, la Corte debe estar en posibilidades de revisar si en ese caso concreto hubo exceso o no en el uso de las facultades del Ejecutivo federal.

Si Ortiz confirma el sentido de su voto, representaría un espaldarazo fundamental a favor del Ejecutivo federal, ya que es muy difícil que se alcanzaran los ocho votos que se requieren para invalidar el decreto, indicaron los entrevistados.

Los tres ministros que estuvieron en contra de la procedencia de la demanda fueron: el presidente Juan N. Silva Meza, Sergio Aguirre Anguiano y Jorge Pardo Rebolledo.

En una segunda votación, Sergio Aguirre, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos, Luis María Aguilar y Sergio Valls votaron en el sentido de que se trata de una norma general, mientras que Fernando Franco, Arturo Zaldívar, Jorge Pardo, Olga Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza se manifestaron por que se trata de un acto administrativo.

La discusión del asunto continuará el próximo lunes.