Los defensores públicos tienen como retos principales procurar que los jueces mexicanos federales y locales implementen sin pretextos ni tecnicismos legales las recientes reformas de justicia penal, derechos humanos y amparo, aseguró Daniel Cabeza de Vaca, consejero de la Judicatura Federal, durante la ceremonia de entrega de las medallas Ponciano Arriaga y Jacinto Pallares, que otorga el órgano de administración y disciplina de los juzgadores a destacados juristas mexicanos.

El ex procurador de la República agregó que ante este nuevo rostro de la justicia se hace necesario que ya no se toleren conductas irregulares y de corrupción.

Este año la Judicatura condecoró a las defensoras públicas Martha Ramírez Altamirano y Patricia Rodríguez Carrillo, por su destacada labor como abogadas de oficio.

Durante la ceremonia estuvieron presentes el director general del Instituo Federal de la Defensoría Pública, Alejandro Roldán Velázquez, así como los integrantes de la junta directiva de ese instituto Héctor Fix Fierro y Juan Velázquez.

Cabeza de Vaca explicó que las tareas de las homenajeadas como defensora pública y asesora jurídica consisten en representar jurídicamente y brindar consejo a todo aquel que lo solicita en el fuero federal y que carece de medios y de recursos para hacerlo por cuenta propia o por un medio profesional.