Madrid, 9 de noviembre. El yerno del rey Juan Carlos, el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, es investigado por la Fiscalía Anticorrupción española y el juez José Castro, quienes sostienen en un auto hecho público hoy que el miembro de la familia real habría creado un entramado societario para apropiarse de dinero público.

Urdangarín, casado con la infanta Cristina, la segunda hija de los monarcas, es un ex deportista de elite que desde su enlace real se ha dedicado a negocios privados, la mayoría vinculados a la construcción de infraestructuras deportivas.

Urdangarín se convierte así en el primer miembro de la familia real española investigado por la justicia por un asunto tan grave como apropiación de dinero público, después de una larga investigación que inició con el sumario abierto contra el gobierno del ex presidente de la autonomía de las islas Baleares, el conservador Jaume Matas, por la construcción de un velódromo, llamado Palma Arena, que costó 50 millones de euros más del presupuesto inicial.

Según el auto del juez, que se basa en la investigación de la fiscalía, el yerno de los reyes formó un entramado societario con un socio, Diego Torres, para conseguir fondos públicos mediante supuestas organizaciones no oficiales y con fines filantrópicos.

La operativa consistía en que por el Instituto Nóos se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba, simulaba la contratación de servicios ficticios o inflados, de manera que los fondos públicos acababan en manos de mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarín, señaló en el auto.

Esta operación supondría, según el juez, los supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.

La investigación, de prosperar y confirmarse lo planteado por la fiscalía, podría derivar en la imputación a los responsables del entramado societario, incluido el yerno de los reyes de España.

Los principales motivos de la investigación son dos convenios suscritos en 2005 y 2006 entre el Govern balear, presidido entonces por Jaume Matas (Partido Popular, de derecha), y el Instituto Nóos, por 2.3 millones de euros.

Ahora habrá que esperar al resultado de la investigación de la información incautada en las sedes de las empresas registradas esta semana en Barcelona en el contexto de la operación, que son la inmobiliaria Aizoon (propiedad de Iñaki Urdangarín), Nóos Consultoría, el bufete Tejeiro, Virtual Estrategies, Intuit, Shiriaimasu y De Goes Center for Stakeholder Management, estas últimas vinculadas con Torres y familiares suyos.

La oficina de la casa del rey emitió un escueto comunicado en el que señaló su respeto absoluto a las actuaciones y decisiones judiciales. Agregó que no tiene nada especial que decir en este momento ya que se trata de una indagación judicial que sigue sus pasos.