Ciudad Juárez, Chih., 8 de noviembre. María Peinado, esposa de Édgar Álvarez, sentenciado a 47 años de prisión en segunda instancia por la muerte de una de las ocho víctimas asesinadas en noviembre de 2001 en el predio de la localidad conocido como campo algodonero, aseguró que su cónyuge es un chivo expiatorio. Como prueba mostró recibos de trabajo, con los cuales pretende comprobar que en la fecha de los crímenes ambos vivían y trabajaban en Denver, Colorado; asimismo, sostuvo que el automóvil que se atribuyó a Álvarez utilizar en los hechos fue vendido por él tres años antes de los crímenes.

Peinado, acompañada por madres de víctimas de feminicidio, incluida la de Mayra Juliana Reyes Solís, cuya muerte se imputó a Álvarez, acudió este martes al monumento a mujeres asesinadas inaugurado un día antes, para orar por mujeres que perdieron la vida violentamente en Juárez.

Consideró que el problema de Édgar, mi esposo, es que su caso se volvió político, no de aplicación de justicia, y la ex procuradora Patricia González Rodríguez necesitaba dar resultados a organismos nacionales e internacionales, y por eso, al igual que hicieron sus antecesores, tuvo sus chivos expiatorios. Aseguró que los verdaderos asesinos siguen libres y se ve que son muy poderosos, ya que han sido protegidos por al menos dos administraciones (estatales) anteriores.

Según Peinado, tomando en cuenta las pruebas contundentes del trabajo, de domicilio y otros datos como la venta desde 1998 de un vehículo rojo Peugeot en el que presuntamente mataban a las adolescentes, el juez inicial del caso declaró la inocencia de mi marido, pero luego apelamos el caso y un magistrado estatal cercano a la procuradora dictó los 47 años de prisión a los cuales se sentenció a Álvarez.

Por ello, solicitó a autoridades estatales y federales que investiguen a fondo, que ya no inventen más chivos expiatorios, y se atrevan a indagar a personas poderosas que estén detrás de los crímenes.

Por este caso, el juez segundo de lo penal, Armando Jiménez Santoyo, dictó a principios de 2011 una sentencia de 25 años de prisión a José Francisco Granados de la Paz, también por el asesinato de Mayra Juliana, que asimismo se imputó a Édgar Álvarez.

Nueve personas fueron acusadas de los feminicidios en el campo algodonero, y seis obtuvieron su libertad por no existir pruebas en su contra, mientras que una de ellas, Gustavo González, La Foca, murió en 2003 durante una intervención quirúrgica dentro de la cárcel de Juárez.