La investigación del incendio del casino Royale, que dejó 52 personas muertas el pasado 25 de agosto, fue atraída por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), pero sólo para determinar si finca algún delito del fuero federal a los presuntos miembros de Los Zetas que ya se encuentran detenidos y sujetos a proceso penal en el ámbito del fuero común en Nuevo León.

La subprocuradora de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Victoria Pacheco Jiménez, confirmó a La Jornada que su antecesor en esa subprocuraduría y ahora encargado de Siedo, Cuitláhuac Salinas, ya tiene el expediente iniciado por el Ministerio Público Federal con motivo del incendio.

A ese respecto, fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) señalaron que el paso de la indagatoria a la Siedo no significa que las pesquisas realizadas por la Procuraduría de Justicia de Nuevo León vayan a ser atraídas por la autoridad federal; simplemente el órgano encargado de investigar a los grupos criminales analizará si existen delitos de competencia del Ministerio Público Federal que se puedan acreditar a los 18 presuntos delincuentes detenidos que están bajo proceso penal o son sometidos a investigación.

De igual manera, aunque los servicios periciales de la PGR realizaron peritajes en torno a las causas del incendio en el Royale, la responsabilidad de procesar a los autores de la conflagración se mantendrá en el ámbito de las autoridades neoleonesas, señalaron los funcionarios entrevistados.

En Nuevo León, ayer por la mañana fue ejecutado un policía frente al domicilio del ex secretario de Seguridad Pública estatal Aldo Facsi.

Después del hecho, y en el contexto de una conferencia de prensa programada para tratar el tema del ataque al casino Royale, el ex funcionario señaló que no quiere relacionar esa muerte con la advertencia que recibió de la titular de la PGR, a través de un funcionario estatal, de que le baje a sus declaraciones y actuaciones sobre el caso. Facsi es el abogado de las víctimas del incendio en la casa de apuestas.

El ex funcionario informó que seguirá representando a los familiares de las víctimas, tope donde tope, y pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ponerse del lado de las víctimas en la investigación.

Rodolfo Pérez González, director del área tres de la primera visitaduría de la CNDH, aseguró que no ha podido avanzar en las averiguaciones debido a que aún no cuenta con la documentación completa, como son los dictámenes periciales federal y estatal, así como los permisos y concesiones otorgados al casino, así como los planos del mismo.

Señaló que tampoco cuentan con las averiguaciones previas, por lo cual no han podido determinar ninguna irregularidad. Indicó además que ya han solicitado al gobernador y a la PGR copia certificada de la averiguación previa, a lo cual no han tenido respuesta.

Pérez González agregó que la carencia de estos documentos que contienen la supervisión que hicieron las autoridades para verificar que el casino cumpliera con todas las medidas de seguridad les ha imposibilitado llegar a una conclusión.

Al señalar que las primeras solicitudes de información a los tres niveles de gobierno fueron hechas entre el 29 y 30 de agosto, informó que el cuerpo de peritos de la CNDH ya realizó una inspección al inmueble.

No obstante, dijo, la comisión requiere de la entrega de la documentación de las autoridades para poder elaborar una recomendación, porque hasta ahora sólo ha recibido respuestas parciales.