Marisela Morales Ibáñez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), afirmó que el proceso de globalización y las nuevas tecnologías y las comunicaciones han favorecido que el crecimiento de los grupos delictivos organizados se convierta en un fenómeno en México, pero también han afectado a innumerables países, porque se ha producido una expansión rápida de delitos a escala mundial, como la trata y el tráfico ilícito de personas y de drogas, terrorismo y secuestro para la obtención de un rescate, entre otros”.

Al inaugurar el congreso internacional Delincuencia organizada, nuevos modelos de imputación penal, la procuradora señaló ante especialistas de España, Alemania y México, que la delincuencia organizada plantea una amenaza real para el desarrollo democrático de las naciones.

Durante el acto, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Morales Ibáñez sostuvo que ante el reto que plantea la delincuencia es necesario promulgar una legislación apropiada y el fortalecimiento de la capacidad para hacer cumplir la ley y la promoción de la cooperación internacional para luchar contra las actividades de los grupos criminales.

Mencionó que si bien la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional es el principal instrumento en la lucha contra este flagelo, con 147 naciones signatarias y cien estados parte, no es suficiente, de ahí la enorme responsabilidad de unir esfuerzos mediante acciones concretas que generen confianza en las instituciones responsables.

Agregó que la principal acción del Estado para lograr someter a la delincuencia es el fortalecimiento de la autoridad; en el caso mexicano, sostuvo, se ha puesto especial énfasis en vulnerar las capacidades y estructuras financieras de la delincuencia y se han logrado decomisos históricos: más de 500 millones de pesos y más de 900 millones de dólares.

Resaltó que es necesario elaborar un estudio para generar nuevas técnicas para entender y enfrentar la evolución y mimetización de las organizaciones criminales, las cuales aprovechan los vacíos legales que los nuevos tipos penales no cubren, por eso, añadió, la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo federal el pasado 14 de abril representa un gran avance para el derecho penal, al facultar al órgano investigador para imputar la comisión de un hecho ilícito relevante a aquellos individuos que colaboran o ayudan de manera indirecta a las organizaciones delictivas en la realización de sus fines ilícitos.

Explicó que se busca que los juicios no sólo se formulen contra la persona que participa o apoya en la comisión de un delito, pues en la actualidad únicamente se puede establecer responsabilidad penal a personas físicas que realicen de forma material el hecho, dejando de lado a quienes pudieron ayudarlos, como en el caso de los llamados halcones.