Ciudad Juárez, Chih., 7 de noviembre. Al cumplirse 10 años de que fueron localizados los cuerpos de ocho mujeres en el campo algodonero y en medio de reclamos y abucheos de familiares de las víctimas se inauguró el monumento memorial que ordenó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

El subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, pidió perdón por estos crímenes y reconoció la responsabilidad del Estado mexicano por omisiones que derivaron en violaciones a los derechos de las víctimas. Por el incumplimiento a investigar y garantizar el derecho a las víctimas, por violentar su acceso a la justicia y protección, el Estado reconoce su responsabilidad.

La intervención del funcionario, así como la de Graciela Ortiz, secretaria de Gobierno de Chihuahua, y la de Héctor Arcelús, secretario del municipio, fueron interrumpidas por los gritos de familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas que reclamaban justicia.

Los deudos los llamaron mentirosos y corearon consignas de ni una mas o vivas se las llevaron, vivas las queremos, y a pesar de todo los funcionarios siguieron con los discursos que traían preparados.

Los familiares de las víctimas cuyos nombres quedaron inscritos en el memorial no acudieron, por considerar que el Estado mexicano ha incumplido con la sentencia internacional, incluido el monumento que deben erigir y que sólo fue presentado de manera parcial.

Ante la ausencia del presidente Felipe Calderón Hinojosa o del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para pedir perdón, señalaron que ni en eso le dieron importancia a este acto.

Antes de iniciar su discurso para reconocer la responsabilidad del Estado, como ordenó el fallo de la CIDH, Felipe Zamora solicitó un minuto de silencio por las víctimas de feminicidio y desaparecidas.

El funcionario dijo que desde el inicio de la indagatoria del caso del campo algodonero, hubo negligencia, ya que no recabaron las pruebas suficientes y eso retrasó la indagatoria.

No se cuenta con la identidad de los responsables, además de que los deudos no fueron informados de las indagatorias, dijo.

Reconoció que las autoridades de los tres niveles violaron los derechos humanos, ya que incumplieron con la responsabilidad de proteger a las víctimas y familiares, los cuales sufrieron acoso.

Por su parte, la Red Ciudadana por la No Violencia y Dignidad Humana, en la que participan las familias de Claudia Ivette, Laura Berenice y Esmeralda, por cuyas muertes fue condenado el Estado mexicano en la CIDH, dio a conocer que no acudió a la develación del memorial levantado en el campo algodonero.

La decisión fue por la negativa a incorporar los nombres de todas las víctimas desde 1993 y cuando menos hasta el año 2006, como ordenó el tribunal internacional en su sentencia del 10 de en diciembre de 2009.

En un documento difundido por el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer AC, Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, afirman que los artículos 16 y 17 de esta resolución establecen que el Estado mexicano deberá hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en honor a la memoria de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González, el cual debe realizarse en la misma ceremonia que se devele el monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez.

En virtud de que el resolutivo 17 de la sentencia –agrega el texto– precisa que el monumento es en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez y no únicamente para las víctimas del caso, existe un acuerdo suscrito entre el subsecretario de de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, las familias y sus representantes para diseñar un mecanismo que incorpore los nombres de todas las víctimas desde 1993 hasta 2006.

Sin embargo, denuncian, “el subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, ha ignorado dicho acuerdo y se ha negado a que los nombres de todas las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez sean incluidas en el memorial, a pesar de que las organizaciones representantes de las familias han proporcionado la información e iniciado un proceso de consulta con las familias de las víctimas”.

El pronunciamiento señala por otra parte que, a pesar de las manifestaciones reiteradas del presidente Felipe Calderón y del secretario de Gobernación, Francisco Blake, de que se cumplirá la sentencia del campo algodonero, en los hechos no hay ningún esfuerzo por ejecutar el mandato de la CIDH a cabalidad y las diversas acciones que han hecho públicas no acatan integralmente la resolución, sino simulan su cumplimiento.

Pendientes 12 resolutivos

Hasta la fecha, de los 13 resolutivos dictados por el tribunal internacional, el Estado mexicano únicamente ha dado cumplimiento a uno de ellos.

Recordaron que Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años de edad; Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17, y Claudia Ivette González, de 19, fueron reportadas en fechas distintas por sus madres como desaparecidas, pero las autoridades nunca hicieron algún esfuerzo por localizarlas. Sus cuerpos sin vida, junto con los de otras cinco jóvenes, fueron localizados en un lote conocido como campo algodonero, los días 6 y 7 de noviembre de 2001.

Ante la negligencia de las autoridades, las señoras Irma Monreal, Benita Monárrez y Josefina González, madres de las tres jóvenes, decidieron acudir ante la CIDH y, después de ocho años de litigio, el día 10 de diciembre de 2009 fue notificada la sentencia contra el Estado mexicano.