Aunque la brecha de acceso a la educación superior se redujo de 15.6 por ciento a 3.7 por ciento en las dos décadas pasadas, hoy día, 74 ciudades del país no tienen un solo plantel de enseñanza profesional, apenas 21 por ciento de los jóvenes más pobres ingresan a este nivel, aunque 78.4 por ciento de los estudiantes con ingresos más altos sí lo hace, advierte el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, al señalar que a pesar de los avances, todavía no podemos decir que hay igualdad de oportunidades.

Incluso, reconoce que aún estamos lejos de brindar elementos a los jóvenes de escasos recursos para sostener su permanencia en la escuela, por ejemplo, mediante el programa de becas, ya que sólo se llega a 400 mil estudiantes en situación de pobreza, de un universo de casi 800 mil.

En entrevista, el funcionario expresa que la desigualdad social y económica limita a los jóvenes el ejercicio pleno del derecho a la educación y, con ello, el país desperdicia uno de los activos más importantes con los que cuenta, mostrándose incapaz de impedir que el origen social condicione en buena medida el destino educativo, social y laboral de su juventud. Una nación con poca movilidad social, tiene el peligro de generar frustración y resentimiento social, con los costos que todos conocemos, advierte.

Los contrastes todavía son enormes y, conforme avanzan los niveles educativos, la probabilidad de ingreso entre quienes menos tienen se reduce: 60 por ciento de la matrícula de la enseñanza básica proviene de los cuatro primeros deciles de ingreso –es decir, de los grupos con mayor desventaja–, mientras en el bachillerato la cifra baja a 40 por ciento y, en la superior, cae a 21 por ciento. Esto último se traduce en que sólo 799 mil 402 estudiantes de escasos recursos llegan a nivel profesional.

Los jóvenes pertenecientes a los deciles de ingreso nueve y 10, esto es, a los segmentos de la población con mayores recursos, tienen una probabilidad de acceso a la universidad casi cuatro veces mayor que aquellos que se encuentran en pobreza. En 1992, la brecha era de 15.6 por ciento y, actualmente es de 3.7 por ciento, lo cual, no es un avance menor, indica.

En un México de enormes desigualdades, la enseñanza presenta marcadas inequidades desde el punto de vista territorial, estatal, metropolitano, urbano, rural y social, sostiene. Las localidades que tienen problemas de cobertura, explica, son aquellas con entre 15 mil y 49 mil 999 habitantes; ahí se sitúan 74 ciudades que no tienen un solo plantel de educación superior, aunque en 2006 el número ascendía a 91 poblaciones.

Indica que ningún país tiene posibilidad, en una etapa de su desarrollo, de cubrir todas las ciudades, y por una suerte de economía de escala, la presencia de la educación superior es mayor en ciudades de mayor tamaño. Conforme se universaliza este nivel educativo, todas las ciudades empiezan a tener en mayor o menor medida presencia de algún plantel de estudios superiores.

A su vez, añade, existen 116 ciudades con una cobertura en este nivel por debajo de 25 por ciento, pero hace cinco años eran 136 urbes en dicha condición. En el año 2000, sólo había siete estados con una población estudiantil en la enseñanza profesional por arriba de 25 por ciento y hoy la cifra es de 25 entidades, precisa.

Las diferencias también se observan a escala de las metrópolis. La zona metropolitana de Tijuana es la que presenta más baja cobertura en estudios superiores, con 19.6 por ciento, en contraste con la zona metropolitana de San Luis Potosí, con una cobertura de 48.3 por ciento, mientras la del valle de México tiene un registro de 32.4 por ciento.

Los estados donde existe una mayor inequidad, de acuerdo con las estadísticas, son Colima, Nayarit, Durango y Aguascalientes, donde sólo cerca de 5 por ciento de los jóvenes más pobres va a la universidad y el 95 por ciento restante proviene de los segmentos de ingresos medios y altos.

En materia de financiamiento, el subsidio promedio por estudiante en una universidad pública federal es de 80 mil 400 pesos, mientras en una universidad pública estatal la cifra es de 41 mil 300 pesos y la que registra el más bajo subsidio de los diferentes subsistemas son las universidades tecnológicas, con 31 mil 300 pesos. Pero acota que los datos no son del todo comparables, porque las cifras de las instituciones federales y estatales incluyen la inversión en investigación y en el caso de las tecnológicas no.

Enfatiza que uno de los mecanismos privilegiados para contrarrestar la problemática de la inequidad son los programas de becas. Por ello, es tan importante en el presupuesto 2012 la programación de 5 mil millones de pesos adicionales, de los cuales 2 mil millones de pesos corresponden a enseñanza superior. Con esos recursos, sostiene, alcanzaría para dar una beca a 400 mil jóvenes adicionales, con lo que se cubriría al ciento por ciento a los estudiantes más pobres que están en la universidad.

Rodolfo Tuirán subraya que no basta facilitar el acceso, sino que deben diseñarse mecanismos para garantizar la permanencia en la escuela y la calidad, de lo contrario, difícilmente se romperá el círculo vicioso de la exclusión, porque si ofrecemos mala calidad al que proviene de los estratos de menores ingresos, se le dará un título devaluado por un lado, y por el otro, podrían tener inserciones precarias y de bajos ingresos al mercado de trabajo, que no hacen más que seguir reproduciendo las desigualdades.

De nada sirve ampliar la matrícula y la cobertura de la educación superior si no avanzamos en el terreno de la equidad y la calidad, pues la falta de programas reconocidos por su buena calidad sin duda afecta a quienes menos tienen, agrega.

En los próximos 20 años, finaliza, nos tenemos que proponer reducir de manera significativa la brecha para garantizar igualdad de oportunidades, para que el origen social no opere como una losa que cae sobre las espaldas de los jóvenes.