En la elaboración del reglamento de la Ley de Migración –el cual deberá ser presentado este mes–, al menos nueve dependencias del gobierno federal discuten el enfoque de esta norma que, en los hechos, marcará el trato de México a los cientos de miles de extranjeros que transitan de manera regular o irregular por el país.

La primera conclusión, afirman funcionarios involucrados en el proceso, es orientar el reglamento hacia la facilitación migratoria, a través del fortalecimiento de las formas migratorias fronterizas de trabajo y tránsito local actuales, así como de otras alternativas para reducir la vulnerabilidad de indocumentados, principalmente ante la inseguridad del país.

No nos moveremos hacia la sinrazón o la xenofobia; debemos encontrar la vía entre el orden y la seguridad, con perspectiva de protección a los derechos humanos, señaló el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SG), René Zenteno.

Con base en el nuevo marco jurídico migratorio, el Ejecutivo Federal analiza esquemas que faciliten el ingreso documentado de centroamericanos que deseen transitar en territorio nacional.

El gobierno considera fundamental para avanzar en esta línea el refuerzo de la relación de cooperación y corresponsabilidad con países centroamericanos, a los que solicita incrementar sus esfuerzos de documentación fehaciente y segura de sus connacionales.

A raíz del nuevo marco legal y de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Gobernación, responsable de la política migratoria, convocó a la sociedad civil a participar con sus posicionamientos en la definición del reglamento. La dependencia recibió, hasta el 30 de octubre pasado, 143 propuestas y se comprometió a convocar a mediados de este mes a una mesa de trabajo con organizaciones no gubernamentales, a fin de sistematizar los documentos recibidos.

Los grupos civiles pugnan por cambios en los procedimientos administrativos para los migrantes; garantías al debido proceso y acceso a la justicia, así como protección consular, protección a grupos vulnerables e incluir artículos con perspectiva de género. Entre las organizaciones no gubernamentales que enviaron propuestas se encuentran I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, Sin Fronteras y la Dimensión Pastoral para la Movilidad Humana.

Así, deberán procesarse los planteamientos de grupos y académicos especializados con las determinaciones de funcionarios de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Trabajo y Previsión Social, Educación Pública, Salud y de Hacienda, además de la Procuraduría General de la República, el DIF e Inmujeres.

Los funcionarios de las dependencias deben encontrar un punto medio entre facilitación migratoria y resguardo de las prioridades en materia de seguridad, a lo que se agrega un nuevo contexto en los estados fronterizos por el constante paso de migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos, en conjunción con una nueva realidad derivada de las deportaciones del vecino país.

Zenteno dijo que en este trabajo de preparación del borrador y luego en el anteproyecto de reglamento, la base es ser congruentes con lo que exigimos a otros países, esto es, evitar por todas las vías criminalizar a los migrantes, no sólo por convicción, sino porque así lo marca la ley respectiva, con base en la cual deben agotarse los temas de los lineamientos en construcción, especialmente lo relativo a privilegiar la unidad familiar y el interés superior de los menores de edad.

Durante la pasada audiencia pública en la CIDH, en Washington, Centeno destacó que México encabeza una férrea lucha en contra del crimen organizado y advirtió que el clima de inseguridad al que ésta ha dado lugar, por la violencia de los delincuentes, tiene impacto en la vida de todos los mexicanos y de los migrantes.

Subrayó que el nivel de vulnerabilidad de los migrantes aumenta cuando existen mecanismos poco eficaces para facilitar su ingreso regular y ordenado a territorio mexicano. El marco normativo actual define la obligación del Estado mexicano de establecer canales de facilitación migratoria. Para el gobierno calderonista, las formas migratorias de trabajador fronterizo y de visitante local representan –desde 2008– un avance para incentivar la migración regulada.

De 2008 a lo que va de 2011 se han entregado 104 mil 180 formas migratorias de trabajador fronterizo y 289 mil 508 de visitante local, para nacionales guatemaltecos y beliceños que pueden acceder a una oferta de empleo y realizar actividades transfronterizas.

En el contexto de la nueva ley, la forma migratoria de visitante local podrá ampliarse para incluir no sólo a los residentes fronterizos de Guatemala y Belice, sino a todos los habitantes de los países vecinos. Además, guatemaltecos y beliceños podrán visitar todos los estados de la frontera sur de México y no sólo la faja limítrofe de 100 kilómetros que fija la norma actualmente.