El subteniente de transmisiones Jorge Arzave Orihuela inició en 2005 una batalla jurídica en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que se reconozca que las lesiones que originaron su baja de las fuerzas armadas fueron producto de actos dentro del servicio y con ello se respete su derecho a recibir una pensión completa.

Durante el transcurso del juicio, que continúa en el ámbito federal, el militar acusó también la violación al derecho constitucional a la no discriminación, ya que, a pesar de que su trabajo era administrativo y no operativo, la dependencia no le permitió seguir en activo desarrollando actividades en la que todavía era útil para la institución.

Al ser dado de baja por lesiones fuera de actos de servicio, la jubilación a que tiene derecho y los beneficios como jubilado se reducen sustancialmente (alrededor de 50 por ciento).

El asunto está en manos del octavo tribunal colegiado. De acuerdo con el expediente al que tuvo acceso este diario, la gran mayoría de los jefes que tuvo el subteniente durante sus últimos años de servicio ignoraron las indicaciones de los médicos militares, los cuales, después de haberle realizado cuatro intervenciones quirúrgicas en una pierna, habían prescrito que no realizara esfuerzos físicos importantes.

En lugar de ello, a la par de sus actividades de instructor y traductor del idioma inglés, sus superiores lo obligaban a hacer el aseo de la oficina y colocar los garrafones de agua cuando se encontraba de guardia, lo que deterioró más su salud.

Aun cuando la lesión se produjo mientras realizaba entrenamiento militar –en el expediente se detalla cómo y cuándo ocurrió, así como el tratamiento médico recibido–, el alto mando desestimó las pruebas en favor del militar.

La demanda plantea que su retiro forzoso por inutilidad, después de 21 años de servicio, es discriminatorio, irracional y desproporcionado, ya que la mera pérdida funcional de una extremidad no conlleva por sí misma la inutilidad para el servicio en las fuerzas armadas. Máxime si, como es el caso, dichas tareas eran de carácter administrativo y no tenían que ver con las realizadas por la tropa.

Como parte de las acciones irregulares en su contra, el oficial fue enviado por el alto mando, en agosto de 2004, del centro de idiomas (administrativo) en que servía al sexto regimiento blindado de reconocimiento (operativo), en donde sus superiores ignoraron las recomendaciones médicas, agravando sus padecimientos.

Como recayó en sus lesiones, fue regresado a la ciudad de México, donde el 5 de enero de 2005, “en las inmediaciones del campo militar, fui abordado por un supuesto indigente vestido con una gabardina negra, de una altura aproximada de 1.80 metros, quien luego de intentar tomarme del brazo me profirió: ‘si tú sigues elevando tus solicitudes, puedes amanecer suicidado en el cuarto de oficiales o colgado de un árbol en las canchas’”.

De una manera extraña y continua, los trámites que el suscrito realiza se ven obstruidos.

A pesar de esas irregularidades, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no las consideró suficientes para intervenir.