Legisladores del PRI advirtieron que habrá una emergencia alimentaria en el país durante el primer semestre del año entrante, a consecuencia de un rezago de 10 millones 500 mil toneladas de maíz blanco y 650 mil de frijol, entre otros factores, ante lo cual señalan que el gobierno federal ha respondido débilmente al desastre en el campo.

El senador Francisco Labastida comentó que el problema de los granos se acrecentará en los próximos meses, porque las presas están a la cuarta parte de su capacidad y habrá más descontento social, en un contexto de ausencia de estrategia integral para el campo.

Heladio Ramírez, también senador priísta, subrayó que es preocupante el informe del desplome de la producción de granos emitido por la FAO.

Consideró que el Ejecutivo se equivoca al enviar a la Cámara de Diputados un presupuesto recortado para el agro, cuando lo que se requiere es aumentar los recursos para la producción.

En tanto, Cruz López Aguilar –ex secretario general de la CNC– admitió que la canasta básica se ha incrementado ciento por ciento en lo que va del año, y para 2012 los precios se elevarán en un nivel incuantificable.

Estamos en una etapa de riesgo alimentario, expuso el diputado priísta. Explicó que la primera gran helada, ocurrida en el norte de la República, arrojó la pérdida de 5.5 millones de toneladas de maíz blanco. A pesar de una resiembra para cosechar unos dos millones de toneladas, el déficit alcanzó los 3.5 millones de toneladas, aseguró.

A esto se sumó que en el ciclo primavera-verano se retrasaron las lluvias y después se desató un exceso de precipitaciones.

Coincidió con Labastida sobre el bajo nivel de las presas, lo que hace prever una sequía espantosa en más de dos millones de hectáreas. Además hay reducción en la producción de leche. El contexto anterior deriva en el aumento de precios en la canasta básica.

En tanto, representantes de organizaciones ambientalistas explicaron que si bien el cambio climático ha afectado la producción de granos, el factor determinante es la política nacional de los pasados 25 años en materia ambiental y agrícola, que ha llevado al país a una situación de dependencia alimentaria.

Por un lado, los promotores de los transgénicos dicen que quieren combatir las importaciones y, por otro lado, hacen dependientes a campesinos y a consumidores de este tipo de cultivos de las empresas trasnacionales dueñas de las patentes, dijo Aleira Lara, coordinadora de la campaña de Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace México.

Adelita Sanvicente, de Semillas de Vida, reprobó que en el presupuesto que se discute en la Cámara de Diputados los rubros más castigados sean los destinados a medio ambiente y campo.