El Congreso Nacional Indígena (CNI) se solidarizó con los pueblos ikoot (huave), binnizá (zapoteco del Istmo) y afrodescendientes, integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), víctimas de las peores formas de criminalización de su lucha en contra del megaproyecto Corredor Eólico del Istmo (CEI), por parte de los malos gobiernos de Felipe Calderón y Gabino Cué, quienes con su mutismo, complacencia, racismo, condescendencia y malinchismo se muestran cómplices de las empresas transnacionales españolas en la violación directa de derechos de pueblos y comunidades indígenas.

En un comunicado, el CNI, que agrupa a autoridades tradicionales, comunales y agrarias de huicholes, yaquis, purépechas, nahuas y cocas de Michoacán y Jalisco, amuzgos y tlapanecos de Guerrero, tzotziles y tzeltales de Chiapas, zapotecos y mixtecos de Oaxaca, exigió el retiro de soldados, marinos, policías y paramilitares de sus territorios, porque, afirma, no son delincuentes ni narcotraficantes sino pueblos y comunidades indígenas en lucha y resistencia por la defensa de sus tierras y territorios.

En Oaxaca, añade, la criminalización y represión de los movimientos sociales ha venido siendo una constante en los gobiernos de José Murat, Ulises Ruiz y Gabino Cué, permitiendo, propiciando y solapando la existencia y acción de grupos armados y pistoleros al servicio de las empresas trasnacionales y cacicazgos coludidos con el gobierno del estado, prácticamente en todas las regiones, como los casos de San Juan Copala, San Isidro Aloapan, Yosotatu, Tanetze, Xochiapan, Tuxtepec, Unión Hidalgo, Juchitán y la propia Lu’lá’, ciudad de Oaxaca, por lo que resulta aberrante e inexplicable que la Organización de las Naciones Unidas haya entregado recientemente reconocimientos por la observancia de derechos humanos al gobierno del estado.

Repudia la violenta agresión promovida y ejercida en contra de la APIITDTT, los días 18 y 28 de octubre, por parte de personeros de la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex, filial de la española Renovalia Energy), acompañados de policías federales y ministeriales, y exige la cancelación inmediata del CEI, particularmente en los casos de los parajes de Unión Hidalgo (Piedra Larga, Las Palmas, El Llano y Zapotal), así como el Parque Eólico San Dionisio, de la española Preneal en la Isla de Pueblo Viejo, ya que se ha incurrido en la permanente violación de nuestros derechos como pueblos y comunidades indígenas, reconocidos en los Acuerdos de San Andrés, que para nosotros es la máxima ley de nuestros derechos en México....

Subraya el CNI que las supuestas bondades de la generación de energía limpia también resultan una falacia, pues se han afectado extensiones de montaña baja y manglar en las distintas áreas de la planicie, redundando en pérdidas de acuíferos, soberanía alimentaria y especies en peligro de extinción, tanto de aves como de otras especies.

Por su parte, la ONG Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), informó que en el Istmo de Tehuantepec hay actualmente 19 proyectos eólicos desarrollados en su mayoría por las multinacionales españolas como Acciona, Iberdrola, Gamesa y Gas Natural Fenosa, así como EDF, el gigante energético estatal francés. Estos proyectos, indicó, han despertado oposición entre las comunidades indígenas porque de origen violan sus derechos colectivos, ya que no se respetó el derecho a la consulta previa, libre e informada, en sus idiomas y con sus autoridades y organizaciones propias.

Poder cuestiona que el desempeño de estas empresas como entidades socialmente responsables dista mucho de ser ejemplar, si bien la mayoría son parte del Indice de Sustentabilidad de Dow Jones. Además, también utilizan los proyectos eólicos para limpiar su nombre como productores ecológicos. Entre los compradores de la electricidad que se producirá están: Grupo Bimbo, Cemex, Wal-Mart, Fomento Económico Mexicano (Coca-Cola, Oxxo) y Cuauhtémoc-Moctezuma, operadora de Heineken en México.