En mancuerna, PAN y PRD en la Cámara de Diputados, con el respaldo del Partido del Trabajo, impidieron que la figura de la consulta popular se incluyera en la Constitución, pero de manera contradictoria respaldaron agregar como derechos políticos de los ciudadanos participar en las consultas populares, en los términos que determine la ley.

Ayer, al quedar aprobada la minuta del Senado de reforma constitucional en materia política –que se devolvió a esa Cámara por los cambios al texto–, panistas, perredistas y petistas votaron en contra de las modificaciones al artículo 35 de la Carta Magna, y no se logró la mayoría calificada requerida.

Los tres partidos argumentaron que la consulta popular constituía una mascarada, porque aun cuando se redujo de 2 millones a un millón el número de firmas de ciudadanos de la lista nominal para solicitarla, y de 40 a 25 el porcentaje mínimo para que el resultado fuera vinculatorio, prácticamente era imposible lograr esas cifras.

Porfirio Muñoz Ledo, del PT, alegó que, como estaba prevista, la consulta popular constituía un caramelo envenenado, porque no incluye los mínimos controles y sólo se buscaba fortalecer el presidencialismo, que utilizando a las televisoras podría convertir un plebiscito en un teletón.

Si bien la adición consideraba que la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados estarían a cargo del Instituto Federal Electoral, se incluía un candado previo, que dejaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver la constitucionalidad de la materia.

También se acotaba que no podían ser sometidos a consulta la restricción de los derechos humanos, el pacto federal, los procesos electorales, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, y el funcionamiento y disciplina de las fuerzas armadas.

Fuera, la consulta sobre relección de legisladores

Más tarde panistas y perredistas buscaron corregir el entuerto. Al considerar que se regresaba a la redacción original de los senadores, la mesa directiva definió que al desecharse la consulta popular, el Senado decidirá si, al revisar la minuta, vuelve a incluir esa figura. No obstante, el diputado Felipe Solís Acero aclaró que al no aprobarse, el artículo 35 ya no forma parte de la minuta devuelta a los senadores.

Panistas, perredistas y petistas también se negaron a aprobar el artículo cuarto transitorio de la minuta, introducido por el PRI, para que el próximo año en la primera consulta popular se preguntara a los ciudadanos si estaban o no de acuerdo con la relección de diputados y senadores.

La Cámara requirió de cinco sesiones consecutivas para aprobar la reforma, que incluye la iniciativa presidencial preferente; ampliar un mes (de septiembre a octubre de cada año) el plazo para aprobar la cuenta pública del gobierno federal; que el Senado ratifique los nombramientos presidenciales de las comisiones federales de Telecomunicaciones, Competencia y Reguladora de Energía.

También, que ante la falta absoluta del presidente, en tanto el Congreso designe a un interino o sustituto, asumirá el cargo en carácter de provisional el secretario de Gobernación, hasta por 60 días; además, que en caso de una crisis política, el presidente electo pueda tomar protesta ante las mesas directivas del Congreso o el titular de la Suprema Corte de Justicia; se incluyen las candidaturas independientes a cargos de elección popular y se suprimió la cláusula de gobernabilidad para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Priístas y verdes, en cambio, desecharon la adición que habían admitido la semana pasada –propuesta por Jaime Cárdenas, del PT–, para que los candidatos independientes pudieran acceder a financiamiento público y a tiempos oficiales en radio y televisión.

Durante la sesión, el PRI acusó a panistas y perredistas de romper el acuerdo para aprobar la consulta popular. Esto ocurrió luego de que el vicecoordinador del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, iba y venía de su curul a las de los panistas para negociar el voto en contra.

Acosta Naranjo, de la corriente perredista de los Chuchos, amarró así los votos en contra con el coordinador, Armando Ríos Piter, que forma parte del círculo cercano del jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.

El mismo perredista reveló, desde su curul, que como los priístas no quisieron aprobar la relección legislativa, no subsistía el arreglo con ellos. Se los dijimos: acuerdo o imposición. ¡Y hoy no tienen su mayoría calificada!

Así, al someterse a votación la fracción octava del artículo 35, que preveía la consulta popular, 215 diputados de PRI, PVEM, Movimiento Ciudadano y Panal votaron en favor, y 180 de Acción Nacional, PRD y PT lo hicieron en contra.

En respuesta, el vicecoordinador del PRI, José Ramón Martel, expresó la sorpresa de su grupo parlamentario. Con su voto PAN y PRD, que durante días exigieron que se le diera más poder a los ciudadanos, demostraron aquí su mezquindad: sólo les interesaba la relección.

Porque, además, en la reforma quedó fuera –como se aprobó desde las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales– la relección consecutiva de legisladores.

El presidente de esta última comisión, el perredista Alejandro Encinas, adujo que la mascarada tenía su origen en el PRI, porque el límite mínimo de uno por ciento constituía un yugo para que la ciudadanía pudiera solicitar una consulta popular.

Solís Acero replicó que el pleno, ayer, fue testigo de un monumento a la contradicción, a la incongruencia, porque en comisiones PAN y PRD aprobaron la consulta, y aquí lo han hecho en contra. ¡Háganse cargo de sus contradicciones!

Su compañero de bancada Miguel García Granados consideró una desfachatez que se obligara a los ciudadanos a recabar un millón de firmas para solicitar una consulta popular.

Al cierre de la sesión, el PAN insistió en que el Senado sí puede retomar la consulta popular. Cuando un artículo del dictamen no tiene el voto de las dos terceras partes, no se sepulta, sino se desecha, dijo el presidente de la Comisión de Gobernación, el panista Javier Corral.