La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa Cantellano, envió un escrito a la Cámara de Senadores en el que niega haber caído en contradicciones acerca de la actuación de personal de la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y otras oficinas estadunidenses que operan en México, como afirmaron senadores del PRI en nota publicada por La Jornada.

El pleno del Senado dio entrada al documento en el que la canciller rechaza que existan inconsistencias en la posición del gobierno de México sobre la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional, y advierte que la propia embajada de Estados Unidos reiteró en días pasados que no han emprendido acción alguna sin el respeto pleno de la soberanía y la legislación mexicanas.

Sin embargo, en entrevista, el vicepresidente del Senado, el priísta Francisco Arroyo Vieyra, dijo que hay un enojo grande en su bancada por la política de sujeción a Estados Unidos que ha seguido la titular de la SRE. Adelantó que el PRI exigirá revisar la Iniciativa Mérida e incluso cancelarla, porque no puede permitirse que sólo por aportar algunos recursos para el combate al narcotráfico una potencia extranjera sienta que tiene derecho a ordenar lo que se hace en el país.

Aseguró que la molestia no es sólo del PRI, sino de todas las bancadas, incluida la del PAN. No será el Senado (la instancia) que haya permitido, con su omisión o su silencio, que este tipo de cosas pasen o que se venda la soberanía por unos dólares.

Arroyo Vieyra sostuvo que le extraña que la canciller haya hecho llegar esa carta al Senado, en la que responde a declaraciones que él y sus compañeros Francisco Labastida y Carlos Jiménez Macías formularon a La Jornada y fueron publicadas el pasado 28 de octubre.

En esa nota, los senadores advirtieron que solicitarían llamar a cuentas a la canciller para que aclare la operación de agentes de la DEA en México, ya que lo expresado por la funcionaria en el Senado es contrario a lo que afirmó en conferencia de prensa en Los Pinos.

En su escrito, Espinosa responde que la estancia temporal en territorio nacional de agentes representantes de entidades de gobiernos extranjeros que, en su país, tienen funciones de policía, de inspección o vigilancia de la aplicación de leyes o reglamento, o de técnicos especializados, tiene el fin exclusivo de intercambiar información en materias relacionadas con el combate al crimen organizado.

Reitera que los agentes no están autorizados a portar armas ni a realizar tareas reservadas para las autoridades mexicanas, y cita una declaración de la embajada de Estados Unidos en México, del 25 de septiembre pasado, en la que se señala que el gobierno de Barack Obama no realiza operaciones de procuración de justicia en México.

Espinosa pide diferenciar eso de los métodos de investigación que realizan uno y otro país. Se refiere a reportes recientes de medios de comunicación sobre el eventual uso de información que particulares puedan brindar a las autoridades, y advierte que la práctica de los testigos protegidos es internacionalmente aceptada y se prevé en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.