l gobierno federal y el EZLN firmaron el 16 de febrero de 1996 el acuerdo en materia de derechos y cultura indígenas. Era el primer tema de la agenda pactada entre la delegación zapatista y su contraparte gubernamental. Llegar a ese momento fue el resultado de múltiples esfuerzos colectivos e individuales. Muchas provocaciones se tuvieron que sortear, para poder lograr un primer acuerdo que permitía albergar una esperanza de cambios en nuestro país.

Al correr de unas semanas, las expectativas se modificaron radicalmente: la actitud del ex presidente Zedillo cambió, su conducta expresaba irritación y lo pactado por la delegación de su gobierno fue desconocido públicamente, mientras lo convenido en San Andrés se descalificó mediante una ofensiva mediática pocas veces vista. Con una campaña de mentiras e interpretaciones dolosas de los acuerdos de San Andrés, se acusaba al EZLN y a la Cocopa de querer crear un Estado dentro del Estado.

En la campaña de 2000, Vicente Fox se comprometió a resolver el conflicto con los zapatistas en 15 minutos y mandar al Congreso de la Unión la iniciativa de ley en materia de derechos y cultura indígenas, que había formulado la Cocopa, con sustento en los acuerdos de San Andrés. Sin embargo, los mismos argumentos manejados por Zedillo se impusieron y terminaron por desnaturalizar lo pactado entre el gobierno federal y el EZLN. La acción del gobierno de Fox, de mandar la iniciativa al Senado de la República, cumplía un mero propósito propagandístico.

Una de las partes de lo pactado en San Andrés, incluida la iniciativa de ley, señala que los pueblos indígenas de México tendrán derecho al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, salvo aquellos que son de dominio de la nación. Este párrafo, que no contiene ningún riesgo para el país y que reivindica los justos anhelos de los indígenas mexicanos, fue utilizado por la propaganda oficial de los gobiernos de Fox y de Zedillo para acusar a los zapatistas de intentar balcanizar al país.

Lo sucedido en México en los 15 años posteriores a los acuerdos de San Andrés nos permite ver dónde estaban las causas de la irritación de los gobiernos de Vicente Fox y Ernesto Zedillo. Al enviar la iniciativa de Ley Indígena al Congreso de la Unión, buscando el mero efecto mediático, el gobierno foxista otorgaba permisos en lo oscurito a la compañía petrolera estadunidense Halliburton –propiedad del entonces vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney– para perforar pozos en el sureste mexicano, en especial en Chiapas y Tabasco.

Mientras la propaganda gubernamental de Ernesto Zedillo y Vicente Fox no se cansó de acusar al EZLN de querer apropiarse de los recursos que pertenecen a la nación, se entregaron concesiones mineras lo mismo a empresas mexicanas que extranjeras, cuya normatividad favorece a sus dueños, no al país. El único impuesto que las mineras pagan a México es la ridícula cantidad de cinco pesos por hectárea. No existe ningún impuesto que grave las utilidades de esas empresas. México es el paraíso para estas compañías, cuyas minas se ubican sobre terrenos de comunidades indígenas y ejidales. Como botón de muestra podemos mencionar la mina de oro, cobre y plata del Ejido Plana Nacional Agrario de Mexicali, con reservas probadas de casi 300 toneladas de metales. La propietaria de esa concesión paga a los ejidatarios 11 mil pesos anuales de renta. Aun así, el apoderado tiene la caradura de afirmar que los ejidatarios no son dueños de nada, que la nación es la dueña, pero omite decir que los beneficios y las utilidades de ese recurso natural no son para la nación, sino para la empresa que él representa.

A partir de la firma de los acuerdos de San Andrés, los funcionarios de las áreas financieras, de energía y comunicaciones de los tres gobiernos anteriores se han constituido en la principal línea de ataque en contra de los mismos. Curiosamente, dichos funcionarios hoy aparecen como miembros de los consejos de administración de las trasnacionales de la energía y la minería. Luis Téllez Kuenzler, ex secretario de Energía y ex secretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); Carlos Ruiz Sacristán, ex secretario de la SCT; Gilberto Hershberger Reyes, ex subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria, y Antonio Lozano Gracia, el ex procurador de la República que solicitó la expedición de las órdenes de aprehensión contra la dirigencia zapatista, son, entre otros, algunos ex funcionarios que hoy integran las mesas directivas o los cuerpos jurídicos de las trasnacionales, las cuales se han beneficiado de muchos de ellos durante su tránsito por los cargos de la administración pública que han ocupado.

En este contexto suena ridícula y tiene un tufo de provocación la declaración de Vicente Fox de equiparar la lucha del EZLN con el narcotráfico. La sola comparación ofende las luchas centenarias de los pueblos indígenas y demuestra que en ningún momento tuvo el interés genuino de resolver un problema ancestral del México profundo. Ubicar al subcomandante Marcos como un criminal es un despropósito del ex presidente que al principio de su mandato, en su estilo chambón y chabacano, declaró que el Sup era su amigo. Con esos amigos, para qué quiero enemigos. Quizá por ello, los zapatistas han sido recelosos de las relaciones con personajes del gobierno, pues nunca se sabe cuándo van a tirar la tarascada.

Una de las pocas oportunidades que tiene la República de caminar por senderos menos espinosos es mirar hacia lo mejor de nuestro pasado y nuestra historia reciente. Por ello los acuerdos de San Andrés Larrainzar constituyen uno de los referentes más importantes para reconstruir una gran parte del tejido social, desgarrado hoy por la pobreza y la inseguridad.