Madrid, 3 de noviembre. Ángela Murillo, juez de la Audiencia Nacional de España, decidió hoy retirarse del proceso penal abierto contra cuatro presuntos miembros de ETA, a los que el pasado miércoles llamó cabrones, y les impidió hablar para denunciar supuestas torturas.

El presidente del Parlamento español, el socialista José Bono, defendió a la magistrada al señalar: dijo lo que toda España piensa.

La juez Murillo presidió el pasado miércoles una de las sesiones contra miembros de ETA más polémicas de los últimos años. Despúes del testimonio de la viuda de un concejal muerto por ETA, y cuando pensaba que el micrófono de la sala estaba apagado, Murillo se dirigió a su compañero de sala para decirle: Pobre mujer... míralos, encima se ríen los cabrones.

Todo quedó grabado. La magistrada se refería a Xabier García Gaztelú, Txapote, ex jefe militar de ETA, Oskar Zelarain, Andoni Otegi y Juan Carlos Besance, quienes son juzgados por el asesinato del concejal José Javier Múgica, en 2001, víctima de un atentado con bomba lapa.

La magistrada anunció este jueves en la segunda sesión del proceso: he decidido abstenerme del conocimiento de este asunto en aras de no causar perjuicio alguno al procedimiento, a las partes procesales, a los acusados en situación de prisión y a las víctimas.

Además, calificó su comentario de ciertamente desafortunado, pero aún así defendió el contenido de su insulto: la emisión de tal expresión es una realidad, aunque ninguno de los asistentes pudo apercibirse de ella porque a ninguno iba dirigido.

A pesar del anuncio de su retirada, aseguró: no creo que mi imparcialidad objetiva esté en duda; al contrario, se mantiene inalterada. De hecho, abundó, esta magistrada entiende que es de gran importancia la imparcialidad objetiva que, sin duda, alguien puede considerar afectada en esta magistrada por la repetida frase. Por ello decido abstenerme del juicio.

Esta misma juez dictó dos sentencias contra Arnaldo Otegi: la primera en julio pasado, en la que le condenó a dos años y medio de cárcel, y la segunda en septiembre, en que lo condenó a diez años de prisión por haber intentado reconstruir la proscrita Batasuna. La primera sentencia fue anulada posteriormente por el Tribunal Supremo, que consideró que la juez había actuado con imparcialidad manifiesta contra el imputado, que había sufrido indefensión grave. La segunda sentencia es estudiada por el alto tribunal.

La magistrada Murillo encontró apoyo en la máxima autoridad del Parlamento español, José Bono, quien señaló que sólo se equivocó en no apagar el micrófono. De hecho, añadió que hay quien se coge las puntillas de la toga con papel de fumar, yo creo que no hay que martirizar a una persona que ha dicho lo que toda España piensa, aunque lo haya hecho de manera incorrecta.