Washington, 3 de noviembre. El gobierno hondureño encabezado por Porfirio Lobo no ha logrado hacer justicia en los casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas tras el golpe de estado del 28 de junio de 2009, afirmó Human Rights Watch (HRW) en una declaración experta ante un tribunal estadunidense, en el marco de un caso contra el ex presidente de facto Roberto Micheletti.

En ese contexto, organizaciones defensoras de los derechos humanos dieron a conocer hoy un nuevo impulso en sus esfuerzos por hacer que Micheletti sea juzgado en Estados Unidos por una serie de graves delitos cometidos por el ejército y las fuerzas policiales bajo su régimen tras el derrocamiento del presidente constitucional Manuel Zelaya.

Luego de que el caso fue llevado en junio ante un tribunal estadunidense del distrito sur de Texas, el ex mandatario golpista solicitó que fuera desestimado el caso. En respuesta, el Centro de Derechos Constitucionales presentó la víspera nueva documentación para reforzar su demanda y consideró que quizá esta sea una de las únicas vías para combatir la impunidad.

Cultura de la impunidad

En la demanda se detallan las ejecuciones extrajudiciales, crímenes contra la humanidad de asesinato y persecución, muerte por negligencia y otras violaciones ocurridas bajo la autoridad de Micheletti, y en la nueva documentación se destacan datos sobre la cultura de la impunidad sobre esos hechos que prevalecen durante el actual gobierno del presidente Lobo.

Entre los documentos presentados destaca una declaración experta de HRW, donde se afirma que hay obstáculos clave que enfrentan los fiscales para llevar a los responsables de abusos ante la justicia hondureña: la “falta de cooperación de las fuerzas de seguridad, y la independencia comprometida del propio Poder Judicial.

Las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas tras el golpe no han encontrado justicia en el sistema judicial hondureño, dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco. Agregó que su intervención ha sido de apoyo para obtener un recurso efectivo a la familia de Isis Obed Murillo, en que se basa la demanda y una de las primeras víctimas de los golpistas.

En Tegucigalpa se informó que 176 policías fueron detenidos por presuntos vínculos con bandas del crimen organizado. El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, dijo estar dispuesto a renunciar si no logra depurar la policía nacional hondureña.