Felipe Calderón y su gobierno pretenden presumir en un terreno donde desafortunadamente no hay eficiencia: el combate a la delincuencia, afirmaron diputados del PRI, quienes calificaron de ominoso acto de publicidad la pretensión del jefe del Ejecutivo de iniciar el año próximo con un golpe mediático asegurando que la mayoría de las policías en los estados de la República se encontrarían certificadas.

Felipe Solís Acero, presidente de la Comisión de Prácticas Parlamentarias en San Lázaro, consideró que el contencioso entre Calderón y la mayoría de gobernadores estatales se enmarca en la disputa electoral de 2012. “De ese desencuentro subyace una versión que ubica al Presidente anunciando –a la par del inicio formal de las campañas políticas– la certificación de los cuerpos policiacos para beneficiar a su partido y anotarle a su gobierno una calificación favorable de la ciudadanía”.

No obstante, refirió el legislador, la administración calderonista no ha consultado a los gobiernos locales y, sin respeto, pretende imponer modelos y condiciones que no han sido producto del consenso ni del acuerdo.

“Hay innumerables casos de gobernadores que se han opuesto a los esquemas de la administración federal para certificar a las policías. Y no se trata de filias y fobias de los gobiernos respecto del Ejecutivo, sino que no se han acordado temas concretos.

No es que las administraciones locales no quieran participar, sino que no los convidan. El gobierno de Calderón intenta comenzar el año electoral con un golpe mediático diciendo que las policías están certificadas, porque le importa más la publicidad por encima de la efectividad. El manejo de las policías requiere de competencia concurrente y no de la imposición, como quiere hacerlo el gobierno federal.

Fernando Morales, diputado por Puebla, reprochó la postura de Calderón: Lo que su gobierno quiere mostrar es eficacia mediante golpes publicitarios, porque ya están encima de la agenda política las precampañas y con una postura ominosa pretende que la ciudadanía reconozca éxitos y avances en un terreno donde desafortunadamente no los hay.

Arturo Zamora indicó que estando el país en las postrimerías del gobierno de Calderón, se pretende anunciar con todos los medios publicitarios a la mano que existe liderazgo y que una de las metas del régimen se cumplió con la capacitación policiaca.

Se nos quiere hacer creer que en esta famosa guerra contra la delincuencia sí existe estrategia y, más aún, se quiere informar a la sociedad de hechos que no existen más que en el imaginario del gobierno.

El diputado Zamora calificó de falacia la postura del Ejecutivo al afirmar que los gobiernos estatales no participan en la atención de delitos donde se usan armas. “Esos delitos no son sólo del fuero común, ésa es una mentira. La posesión, transportación y venta de armas ilegales son delitos federales; no cabe que el Presidente siga repartiendo culpas: ¡debería asumir su responsabilidad.

En Calderón existe una tendencia a repartir culpas: todos son culpables, menos el que inició esta terrible situación. Eso no significa que pretendamos exculpar a los entes estatales y municipales, pero la actitud del gobierno federal es un reconocimiento de que no existió inteligencia ni estrategia en materia de seguridad. Se comprendió mal la forma de gobernar, porque el asunto no es pasarse un sexenio buscando culpables.