Al resolver los últimos recursos ciudadanos interpuestos contra la Cámara de Diputados por su incumplimiento en la designación de los consejeros electorales, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron, en votación dividida, que los ciudadanos carecen de interés jurídico para promover ese tipo de litigios. También sostuvieron que el Instituto Federal Electoral (IFE), aun con seis consejeros puede funcionar y, por tanto, no está en riesgo el derecho a votar y sobreseyeron la queja.

A diferencia de hace dos semanas, cuando se resolvieron otros recursos acumulados sobre el mismo tema, en esta ocasión la magistrada ponente, María del Carmen Alanís, presentó un proyecto dándole entrada al reclamo y determinando que el TEPJF debería instruir a la Cámara de Diputados a completar la integración del Consejo General del instituto. Asimismo, argumentó que efectivamente esto podría vulnerar el derecho fundamental a ejercer el voto, proyecto que fue rechazado por la mayoría de los magistrados.

Alanís sustentó su propuesta en las reformas constitucionales relacionadas con los derechos humanos y que ampliaron las posibilidades de defenderlos, enfatizando en que el derecho a votar forma parte de esta reforma. Consideró también que los ciudadanos deben tener garantizada una vía jurisdiccional cuando consideren que están en riesgo sus derechos políticos.

La magistrada concedió la razón a los recurrentes por considerar que efectivamente, con su integración actual el IFE se aleja del modelo institucional plasmado en la ley y, por tanto, se pueden violentar los derechos de los ciudadanos.

En respaldo de su postura habló el magistrado Flavio Galván Rivera, quien argumentó la importancia de que el TEPJF interviniera en el caso y analizara a fondo si efectivamente la falta de integración de los consejeros electorales impactaría en el derecho de los ciudadanos.

La mayoría de los magistrados, encabezados por Pedro Penagos –ponente del recurso anterior que fue desechado– y el presidente del tribunal, Alejandro Luna Ramos, consideraron que no importa si el IFE cuenta sólo con seis consejeros, pues eso no afecta el funcionamiento de la autoridad electoral; aun con ello, todas sus decisiones son legales, insistieron.

Penagos dijo además que los promoventes no tienen interés jurídico y llegó a sostener que abrirles la puerta a este recurso implicaría tener hasta 78 millones de quejas de ciudadanos cuestionando la vulneración de sus derechos ciudadanos. El magistrado aseguró que lo ideal es que el Instituto Federal Electoral estuviera completamente integrado, pero dado que la Cámara de Diputados no ha podido designar consejeros, no importa, porque al final de cuentas eso no pone en riesgo el derecho al voto.

Luna Ramos, Constancio Carrasco y Manuel González Oropeza respaldaron esta postura de que no cualquier ciudadano puede recurrir este tipo de asuntos, sino que se debe acreditar un derecho legítimo, que es la situación de una persona destinataria de una norma directa, según el presidente del tribunal electoral, quien hizo una larga disquisición legal para decir que es procedente el recurso cuando hay una afectación directa y no de afectaciones de intereses difusos o colectivos, pues el hecho de que la Cámara designe a los consejeros no les causa beneficio directo, porque su derecho a votar está garantizado.