Amnistía Internacional (AI) exigió al gobierno de Chihuahua que garantice los derechos a la libertad de asociación y de expresión. Rechazó que el argumento de preservar el orden público justifique el uso de la fuerza para agredir y detener a quienes realizan manifestaciones pacíficas, como ocurrió el martes con los integrantes del Movimiento por la Paz en Ciudad Juárez.

Señaló que el uso de la fuerza siempre debe ser limitado a la necesidad y proporcionalidad, tal como señalan las normas internacionales en materia de derechos humanos.

A esta acción urgente lanzada por AI se sumaron organizaciones civiles nacionales defensoras de los derechos humanos, que exigieron la liberación inmediata de los aprehendidos. Solicitaron al gobierno mexicano tomar las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física y sicológica de los detenidos.

Tanto AI como las organizaciones civiles demandaron que se realice una investigación exhaustiva e imparcial sobre la actuación de la policía municipal en el operativo, donde además de las aprehensiones hubo agresiones contra los manifestantes.

Dijeron que los resultados de la investigación deben ser públicos y los responsables tienen que comparecer ante la justicia.

La tarde del martes se realizaba una movilización pacífica en Ciudad Juárez para recordar a las más de 10 mil personas que han muerto en hechos violentos en los pasados cinco años en esa localidad. Mientras se pegaban cruces de papel en las paredes para representar a los muertos, se realizó el primer operativo, en el cual 15 manifestantes fueron detenidos.

Más tarde, refirió AI, la policía aprehendió a otras 14 personas fuera de la estación policial de Aldama mientras realizaban una manifestación para exigir la liberación de sus compañeros. De acuerdo con la información del organismo internacional, entre los detenidos estaban por los menos dos menores de edad y dos periodistas.

Amnistía Internacional hizo un llamado a las autoridades de Ciudad Juárez para que garanticen la integridad física de los detenidos, les den acceso inmediato a servicios médicos, abogados de su elección y les permitan ver a sus familiares.

La organización también recordó a las autoridades que tienen la obligación de llevar pronto a los arrestados ante el Ministerio Público para que enfrenten cargos reconocidos o queden en libertad.

Por las organizaciones civiles mexicanas suscribieron el llamado Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Francisco de Vitoria, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Servicios y Asesoría para la Paz y el Comité Cerezo.