yer, a una semana del acuerdo de los gobiernos de la Unión Europea (UE) para condonar 50 por ciento de la deuda griega y conceder a ese país ayudas financieras adicionales, el gobierno encabezado por Giorgios Papandreou anunció un referéndum para que la población de ese país determine si acepta el nuevo plan de rescate. Además del escepticismo provocado en amplios sectores de la población helénica, el anuncio tuvo efecto inmediato en los mercados bursátiles de Europa y América, que cerraron con desplomes hasta de 6.8 por ciento.

Independientemente de la utilidad que esta medida pueda tener como elemento de distensión de la crisis política griega –originada en el rechazo popular a las políticas impuestas con los planes de rescate económico–, el anuncio es indicativo del callejón sin salida en que se ha convertido el problema de las deudas soberanas en Europa: si el resultado de la citada consulta es favorable al plan de choque que pretende imponer la UE, se estará dando luz verde a un sacrificio adicional a la de por sí castigada población helénica. Se asestará un duro golpe a las perspectivas de reactivación económica de ese país y se terminará por arrojar gasolina al incendio social que se ha venido desarrollando en los meses recientes en la nación mediterránea, todo en aras de una estabilidad financiera por demás incierta. Si, por el contrario, la mayoría de los griegos rechaza la aplicación del programa de ayudas financieras de la UE –como parece que ocurrirá, a juzgar por distintos sondeos–, ello supondría una inmediata declaratoria de quiebra por parte del gobierno de Atenas, aceleraría el estallido de la crisis en otras economías en dificultades –acaso las de España e Italia–, y llevaría a un descalabro financiero mayúsculo en Europa y en el mundo.

Tal disyuntiva, por indeseable que resulte, es el resultado lógico del empeño de los gobiernos europeos por imponer en Grecia medidas que en nada ayudan a la reactivación de los mercados internos y las economías nacionales, y en cambio generan afectaciones sociales y económicas severas, reducen al mínimo las perspectivas de intervención estatal, alimentan los descontentos y desembocan, tarde o temprano, en pérdida de paz y de estabilidad política.

Por lo demás, que la debacle de un país como Grecia –cuya economía constituye apenas 0.5 por ciento del PIB mundial– pueda poner en jaque a uno de los conglomerados económicos más poderosos del mundo, como la UE, ilustra las condiciones asimétricas y distorsionadas que imperan en la dinámica económica actual, la cual privilegia los intereses financieros y especulativos en detrimento de los sectores productivos, las economías nacionales y, desde luego, las poblaciones.

Desde que se declaró la recesión mundial a finales de 2008, se ha insistido, desde distintos frentes, en la urgencia de cambiar a fondo el modelo económico depredador vigente, formulado desde los centros de poder planetarios y difundido a raíz de la revolución conservadora que inició Margaret Thatcher, que en el ámbito latinoamericano, y aplicada primero por el régimen de Augusto Pinochet, en Chile, y posteriormente por políticos como Carlos Salinas, Carlos Ménem y Alberto Fujimori, fue el punto de partida para décadas de catástrofes sociales y nacionales.

Está visto que parches como el plan de rescate aprobado la semana pasada en Bruselas son, en el mejor de los casos, paliativos, si no es que factores exponenciales de la postración económica y del colapso en los niveles de vida y de bienestar personales y sociales. Los quebrantos de las economías periféricas del viejo continente confirman la necesidad de aplicar severas regulaciones gubernamentales a la banca privada, a los mercados de valores y a los mecanismos cambiarios, cuya irracionalidad y desmedido afán de lucro mantienen al planeta al borde de un nuevo colapso.