La bancada del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal promueve reformas legales para prohibir que los espacios recreativos como deportivos, canchas, gimnasios o albercas, ubicados en las delegaciones del Distrito Federal, sean concesionados a la iniciativa privada, como ha ocurrido en las últimas administraciones.

La diputada Maricela Contreras citó el caso de los deportivos Vivanco y Ceforma, en Tlalpan, y el Plan Sexenal, en Miguel Hidalgo, que fueron construidos con recursos públicos y ahora se han otorgado a particulares, que fijan cuotas mucho más altas por el servicio que prestan.

La perredista explicó que en el caso de Tlalpan se concesionaron estos espacios por seis años a la iniciativa privada, que no sólo cobra por permitir la realización de actividades deportivas, sino también por otros servicios como estacionamiento, cafeterías y locales comerciales.

Detalló que en el centro deportivo Ceforma, el cual se erigió en terrenos que fueron donados por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad social al Servicio de los Trabajadores del Estado al Gobierno del Distrito Federal, hay una serie de inconformidades de usuarios.

Entre ellas se encuentra la falta de condiciones de seguridad e higiene, trato discriminatorio, procesos de privatización de los espacios deportivos y manejo sin transparencia de los recursos públicos destinados o que ingresan a las instalaciones.

En Miguel Hidalgo, señaló que grupos de vecinos han hecho público que las instalaciones se rentan constantemente a particulares, y se suspenden las actividades de los usuarios que pagan una cuota, incluso por una semana completa o más sin explicación alguna.

Esto lleva a preguntarnos cuál es la concepción de la actividad deportiva para nuestras autoridades, pues su argumento es que cuesta mucho dar mantenimiento a estos espacios y sólo recuperan la mitad del gasto, cuando permitir a niños y jóvenes ocuparse debe ser visto como una inversión, refirió en entrevista.

Las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública y la de Educación Física y Deporte, ambas del Distrito Federal, plantean que los centros sociales e instalaciones recreativas no sean concesionados, en ningún caso, para su administración o manejo a la iniciativa privada.