El informe sobre avances en la evaluación de las corporaciones policiacas rendido ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública revela que de los 458 mil 816 elementos –entre mandos altos y medios, y personal operativo– de las corporaciones de seguridad, sólo 35 mil 851 han aprobado los controles de confianza.

El compromiso de los gobiernos federal y estatales es que en mayo de 2012 hayan ido evaluados 238 mil 841, y el resto a principios de 2013, pero para cumplir la primera meta hay 211 mil 764 pendientes de aprobar la evaluación.

Durante la reunión celebrada en Palacio Nacional con la presencia del presidente Felipe Calderón, parte del gabinete de seguridad y gobernadores, la procuradora general de la República, Marisela Morales, informó que del pasado 15 de octubre hasta el 15 de marzo próximo se llevará a cabo el periodo de intercambio de información en torno de las personas desaparecidas entre 2006 y 2011, como parte del acuerdo para enfrentar este problema.

Se aprobaron acuerdos tendentes a la elaboración de protocolos de atención al tema, pues bajo los términos actuales todos los trámites para declarar la desaparición de una persona tardan hasta nueve años.

Morales mencionó que se buscará la homogeneización en los protocolos, marcos legales y respuestas institucionales sobre el tema, pues la mitad de las entidades tiene legislaciones similares a la federal, pero en el resto hay importantes diferencias, por lo que instó a tomar en cuenta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y analizar la pertinencia de simplificar trámites.

En su oportunidad, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, se refirió al balance sobre los secuestros: entre 2010 y 2011 se registraron 3 mil 114, pero en ese periodo fueron atendidas y liberadas 2 mil 610 personas (mil 356 en 2010 y mil 254 en este año). Añadió que en este periodo se detuvo a mil 744 presuntos secuestradores –141 por mes, en promedio– y se desmembraron 446 bandas.

El reporte sobre los avances en los exámenes de control de confianza revela un dispar comportamiento estatal, ya que hay entidades con marcados rezagos respecto de la meta de evaluar a 50 por ciento de su personal de seguridad antes de mayo próximo.

El estado de México ha evaluado a 4 mil 923, y están pendientes 36 mil 562; el Distrito Federal tiene 12 mil 520 sometidos a las pruebas, y le restan 42 mil 158; Quintana Roo ha aplicado exámenes a 12, y le restan 3 mil 898; Chihuahua ha efectuado 591 evaluaciones, y tiene pendientes 6 mil 994; Baja California Sur, 126 realizadas, y le quedan por concluir mil 731: Yucatán, 305 evaluados y 3 mil 954 pendientes.

Los que han registrado avances son: Querétaro, con mil 178 exámenes aplicados y mil 550 por practicar; Guanajuato, 7 mil 123 evaluaciones y 2 mil 485 pendientes; Aguascalientes, mil 983 realizadas y 137 en proceso; Puebla, 4 mil 263 pruebas y 6 mil 386 pendientes.

El informe sobre la valoración de altos mandos señala que de los 376 que hay, han aprobado 177 el examen, y 77 lo reprobaron. En los mandos medios y superiores, de 18 mil 490 existentes, 5 mil 589 se han sometido a las pruebas; 3 mil 714 las pasaron, y mil 875 no lo hicieron.

Durante la reunión, la procuradora general también se refirió a los acuerdos relacionados con el esclarecimiento de los homicidios derivados de rivalidades criminales, así como a su cumplimiento. Mencionó que en la conformación de la base de datos, a partir de la información proporcionada por los estados referente a los asesinatos cometidos en 2010, se tiene un avance de 24 por ciento, y de 40 por ciento para 2011.

Por otro lado, al dar a conocer los resultados de la encuesta sobre la percepción de inseguridad, el presidente de Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), Eduardo Sojo, dio a conocer que en la actualidad se estima que de los delitos denunciados en todo el país, 92 por ciento no son investigados.

El resultado de una encuesta realizada en coordinación con la Oficina de Naciones Unidas para el Combate del Delito –lo que unificará a futuro la metodología–, subraya que entre 2005 y 2010 la percepción de inseguridad entre la ciudadanía pasó de 54.5 a 69 por ciento.