Washington, 31 de octubre. Carolina del Sur se convirtió hoy en el tercer estado al que el gobierno de Barack Obama lleva a los tribunales para tratar de bloquear una ley migratoria estatal que, según el Departamento de Justicia, interfiere en su responsabilidad constitucional en la materia.

Eric Holder, fiscal general, afirmó en un comunicado que la demanda interpuesta ante un tribunal federal en Carolina del Sur, en el noreste del país, sigue la misma estrategia aplicada en el caso de las normativas aprobadas por Arizona y Alabama: desafiar la legislación estatal, que es inconsistente con la Constitución federal.

La demanda deja claro que el Departamento de Justicia no dudará en desafiar una ley migratoria estatal, como ya hemos hecho en Arizona, Alabama y Carolina del Sur, si consideramos que interfiere en la aplicación de la política federal de inmigración, señaló Holder.

Aunque es comprensible que las comunidades estén frustradas con el quebrado sistema migratorio, consideramos que un remedo de leyes estatales no es la solución y sólo creará problemas, agregó.

De forma similar a la controvertida ley SB 1070 de Arizona –el primer estado que el año pasado aprobó una ley migratoria propia– y la HB 56 de Alabama, considerada la más dura contra los indocumentados del país, el gobierno federal argumentó que la normativa de Carolina del Sur provocará la criminalización de inmigrantes.

En consecuencia, continuó, provocará una carga significativa a las agencias federales y hará que tengan que desviar sus esfuerzos de objetivos de mayor prioridad, como el terrorismo, el narcotráfico o las actividades de bandas criminales.

Asimismo, advirtió el Departamento de Justicia, la ley de Carolina del Sur provocará el acoso y detención de visitantes extranjeros e inmigrantes legales, así como de ciudadanos estadunidenses que no puedan demostrar su estatus legal de inmediato.

La ley 69, aprobada el 27 de junio pasado, entrará en vigor el primero de enero próximo. Autoriza a los cuerpos locales de policía a encarcelar indocumentados.

Mediante demandas similares, el gobierno de Obama ya ha logrado con anterioridad bloquear algunos de los puntos más controvertidos de las leyes migratorias de Arizona y Alabama antes de que entraran en vigor, si bien los procesos continúan en el Poder Judicial y se cree que podrían llegar incluso a la Corte Suprema.

El Departamento de Justicia interpuso hoy la demanda en su nombre y en el de los de Seguridad Nacional y Estado, que son las instituciones del gobierno más implicadas en materia migratoria.

Las leyes estatales antimigrantes fueron impulsadas a principios de la década de 1990 por el entonces gobernador republicano Pete Wilson, de California, donde fue promovida una legislación para cancelar servicios públicos a indocumentados, lo que finalmente fue obstruido por el Poder Judicial federal, que alegó interferencia en asuntos federales.

Utah, Indiana y Georgia también han aprobado leyes antimigrantes que el Departamento de Justicia tiene en revisión.