Durante 2011, el Instituto Federal Electoral (IFE) ha iniciado 149 expedientes por diversas irregularidades a la legislación, aunque sobresalen las promovidas por la presunta violación al artículo 134 constitucional, relacionado con la imparcialidad que deben asumir los funcionarios públicos. En otros diez casos, la autoridad inició procedimientos ante la reticencia de diversos actores políticos a entregarle información requerida, incluidos medios de comunicación.

El informe de la Secretaría Ejecutiva del IFE, relacionado con el estado que guardan las quejas presentadas, refiere que el rezago en la resolución de recursos promovidos en años anteriores es relativamente menor.

De 2009, de las 206 quejas interpuestas, la autoridad electoral ya ha dado por concluidas 195, por lo que solamente restan 11, en tanto de 2010, de 56 recursos iniciados sólo quedan por resolver 21, esto es, en total faltan 32 recursos correspondientes a años pasados.

Del informe destaca que entre las denuncias que se encuentran en trámite, correspondientes a 2011 por la vía ordinaria, diez fueron presentadas por ciudadanos en contra de servidores públicos y dos más involucran a partidos políticos. Al mismo tiempo, el instituto ha abierto 31 expedientes de oficio, de los cuales ocho son en contra de medios de comunicación.

Del informe se desprende que en 2011, inicio del año electoral, los partidos y ciudadanos denunciantes han optado preferentemente (94 casos) por promover recursos para que sean desahogados mediante procedimientos especiales sancionadores, y en 55 se optó por la vía ordinaria.

En teoría, bajo el primero de los esquemas el IFE debería resolver en cinco días, una vez iniciada la investigación, según lo dispone la legislación. Sin embargo, amparados en criterios ordenados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), estos cinco días comienzan a correr después de una investigación previa que confirme indicios de la irregularidad cometida, lo que ha supuesto que los cinco días sólo sean mera referencia recurrentemente incumplida.

Del total de procedimientos especiales sancionadores, poco más de la mitad (49) los promovieron los partidos políticos y 20 fueron interpuestos por ciudadanos; en diez casos se denuncian presuntas irregularidades de servidores públicos.

A raíz de estos procedimientos especiales, en 57 casos los promoventes han solicitado la imposición de medidas cautelares a fin de interrumpir la presunta conducta irregular, en su mayoría relacionada con la hipotética contratación de espacios en radio y televisión, violaciones al artículo 134 constitucional, que regula a los funcionarios públicos, y por la difusión ilegal de propaganda gubernamental en periodos prohibidos por la legislación electoral.

Conforme a la dinámica de procedimiento, de las 57 solicitudes de medidas cautelares que recibió la Secretaría Ejecutiva del instituto, en 44 casos se turnó a la Comisión de Quejas y Denuncias para su análisis y decisión. Sin embargo, sólo en 15 casos los consejeros que la integran consideraron procedente la aplicación de las medidas cautelares y ordenaron su instrumentación.

Por otro lado, de las 195 quejas que fueron resueltas de 2009 –año de elección federal–, poco más de 10 por ciento (22) fueron consideradas fundadas, pues el resto fueron calificadas de infundadas, sobreseídas, desechadas o se tomaron por no presentadas. En cuanto a 2010, de los 35 recursos promovidos, siete fueron considerados fundados y el resto no procedieron por diversas razones.