uando la temporada de lluvias no tiene visos de concluir, cabe preguntar sobre el destino de los recursos oficiales designados a proteger a la población y la infraestructura pública y privada de las inundaciones. En las entidades donde las lluvias dejan cada año miles de damnificados y cuantiosos daños, siempre se cuestiona la forma de utilizar tales recursos, con denuncias ciudadanas por corrupción y mal manejo. De paso, se desvelan las pugnas interinstitucionales por el uso político de las ayudas o la ejecución de las obras programadas para evitar que el agua arrase con todo. Un ejemplo lo tenemos en Tabasco, entidad que acumula cuatro grandes inundaciones en los últimos 15 años.
Hace cinco meses, cuando cayeron las primeras lluvias de esta temporada, se denunció que las obras para evitar nuevas tragedias estaban sin concluir, lo que ponía en riesgo la suerte de miles de familias. Por ejemplo, el canal trazado para desviar el caudal que no logren conducir los ríos de las partes altas de la entidad y que van a dar a la cuenca del Grijalva. Igualmente los bordos de protección correspondientes. No está de más recordar que por la planicie de Tabasco cruza la cuenca más caudalosa de México (la del Grijalva-Usumacinta), además de otros tres ríos no menos importantes: el Carrizal, el San Pedro y el Samaria. Sus habitantes se preguntaban entonces sobre los avances logrados por el Programa Integral Hídrico Tabasco, instaurado por el gobierno federal con el fin de evitar otra tragedia como la de 2007, la tercera de grandes dimensiones en la historia reciente. Al programa, que concluye con el sexenio de Calderón, se le asignaron casi 10 mil millones de pesos, pero las autoridades locales sostienen que hay poca trasparencia en el manejo de los recursos y en el cumplimiento de las metas trazadas. Culpan de ello a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), responsable de llevar a buen término el programa citado y la cual sostuvo hace cinco meses que, aunque hay problemas por resolver, todo estará concluido en forma y tiempo
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Antiguos son los enfrentamientos institucionales por el dinero y la ejecución de obras en Tabasco. Sólo por lo que toca a los gobiernos panistas, hubo otro programa, el Integral contra Inundaciones (PICI), con más de 2 mil millones e iniciado en 2002 por la Conagua y el gobierno estatal, entonces presidio por Manuel Andrade. Pero quien remplazó a éste, Andrés Granier, sostiene que el PICI “fue de papel… si se hubiese aplicado, el daño habría sido menor”, en referencia a la grave inundación de 2007. Agrega que hasta donde sabe, no se concluyeron las obras por incumplimiento de contratistas y no hay la certeza de que los recursos hayan sido usados para infraestructura hidráulica
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Todo terminó en un concierto de obras fantasmas o de maquillajes
, apunta un colaborador del actual mandatario. Pero José Luis Luege, director de la Conagua, afirma que sí se trabajó, pero buena parte de los bordos de protección fallaron y algunos otros se vieron rebasados
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En esta danza de declaraciones no aparecen claras las cuentas de otros recursos, en efectivo y en especie, transferidos por Petróleos Mexicanos al gobierno tabasqueño para infraestructura social y, en especial, para obras contra inundaciones. Tabasco es la entidad que mayores recursos ha recibido de la paraestatal para obras de infraestructura.
Mientras los funcionarios prometen toda la ayuda necesaria y anuncian nuevos programas integrales
para prevenir futuras inundaciones, una foto le da la vuelta al mundo como expresión de los daños que sufren ahora 300 mil tabasqueños: una colosal cabeza olmeca del Parque Museo La Venta, que fundó el poeta Carlos Pellicer, rodeada de costales de arena para protegerla. En lo que no reparan esos funcionarios es en la necesidad de establecer un modelo de manejo racional del agua en el sureste y el país. Urgente en Tabasco, pues lo que ahora ocurre allí es fruto, entre otras cosas, de la destrucción de más de un millón de hectáreas de selvas, del manejo erróneo de las cuencas hidrográficas (deforestadas en extremo), de la corrupción y los abusos cometidos contra la naturaleza en aras de un falso progreso.