o parece haber relación alguna entre el manejo responsable en el gasto y las finanzas públicas
que pregona con recurrencia el discurso oficial –la ocasión más reciente fue ayer, en el discurso de Felipe Calderón en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado realizada en Asunción, Paraguay– y el ritmo vertiginoso con que crece el endeudamiento del país en el tramo final de este sexenio. Según un informe presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los últimos 12 meses la deuda total del país creció en promedio mil 667 millones de pesos diarios, incluso sábados y domingos, y al cierre de septiembre el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público –el componente más amplio de los compromisos totales– ascendió a un máximo histórico de más de 5 billones de pesos.
Resulta exasperante que una porción sustantiva de esos débitos esté constituida por los pagos destinados al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB, heredero del Fobaproa) –el mayor atraco a las arcas públicas y a los bolsillos de la población, que consistió en la socialización de las deudas privadas de los banqueros– y por los saldos de deuda adquirida por empresas paraestatales con particulares a través de los Proyectos de inversión con impacto diferido en el gasto (Pidiregas), mecanismo de financiamiento mediante el cual el sector energético ha adquirido deuda excesiva con empresas privadas y debilitado en consecuencia las finanzas de Pemex y de la CFE.
Asimismo, en un momento en que el mundo asiste al colapso de economías periféricas de la Unión Europea –Grecia en concreto– como resultado del incremento desmedido de sus deudas públicas, no parece aconsejable elevarlas más, mucho menos en un país como el nuestro. Por más que la deuda de México resulte, en términos proporcionales, mucho menor que la del país helénico, el entorno de opacidad administrativa que impera en las oficinas del Ejecutivo federal, la discrecionalidad y falta de control con que el gobierno suele manejar los recursos públicos (otro ejemplo claro son los subejercicios presupuestarios que sistemáticamente se tienen en las cuentas públicas) y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas alimentan la preocupación de que, de mantenerse la tendencia actual, el país termine obligado a pagar una deuda mayúscula sin que ello se haya traducido en un beneficio para el país, es decir, justo como ocurrió con la crisis de endeudamiento de la década antepasada y el turbio rescate bancario operado por medio del Fobaproa-IPAB.
Por otra parte, la difusión de estos datos tienen como telón de fondo el golpeteo político entre las cúpulas panista y priísta por el crecimiento desmedido de la deuda pública en Coahuila bajo la gestión del actual dirigente tricolor, Humberto Moreira. Más allá de los intercambios de acusaciones y de las acciones judiciales a que éstos den lugar –como la detención, en las últimas horas, de dos ex funcionarios del gobierno de Saltillo–, las cifras comentadas revelan que el incremento desmedido en los niveles de deuda en años recientes no es privativo de políticos o partidos en particular, sino una tendencia generalizada que refleja, en el mejor de los casos, poca responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, y que deriva casi invariablemente en afectaciones al patrimonio del país y de su población.
Es claro, pues, que las autoridades federales no tienen autoridad moral para erigirse en ejemplo de manejo eficiente del gasto público frente a opositores políticos ni mucho menos frente a gobiernos extranjeros. Por el contrario, a la luz de cifras como las referidas, la clase política en su conjunto no tiene motivos para sorprenderse del desprestigio generalizado que experimenta ante la opinión pública.
