Senadores de PRI, PRD y PT deploraron que el presidente Felipe Calderón insista en mantener su estrategia de seguridad pública, pese a los cerca de 50 mil muertos registrados, el avance del crimen organizado en la mayor parte del país y las voces de dentro y fuera que le exigen rectificar.

En tanto, la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) refutó el informe presentado por la Declaración de Ginebra, donde se asienta que medidas duras adoptadas por el gobierno federal han disparado la violencia a niveles más altos que en muchas zonas de guerra y salió de nueva cuenta en defensa de las acciones para atacar a la delincuencia.

El senador perredista Tomás Torres y el priísta Francisco Arroyo coincidieron en que el Ejecutivo no debe ignorar la Declaración de Ginebra ni menospreciar la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas, de que haya un viraje en la estrategia antinarco y se regrese al Ejército a sus cuarteles.

No se puede desestimar el contenido y los juicios expresados en un informe proveniente de un foro internacional de prestigio, recalcó Torres. A su vez, el coordinador del PT, Ricardo Monreal, resaltó que el problema es la terquedad de Calderón de militarizar el país, con el pretexto de combatir a la delincuencia organizada, pese a que las bandas criminales siguen creciendo y atemorizando a la población.

“Es evidente que su esquema no funciona, que hay miles de muertos y desaparecidos y los cárteles de la droga controlan ya muchos espacios del territorio nacional”, señaló Monreal.

Por separado, el priísta Arroyo Vieyra consideró que hace muy mal el Ejecutivo en no escuchar llamados, como el que formuló Cárdenas Solórzano un día antes, al recibir la Medalla Belisario Domínguez, de que retire al Ejército de las calles, para evitar un mayor desgaste de las fuerzas armadas.

Torres advirtió que dada la gravedad de las cosas y el nivel al que ha llegado la inseguridad, es difícil regresar a los militares a sus cuarteles, pero se debe plantear ya su permanencia y fijar un plazo para que sean los cuerpos policiacos, previa depuración y modernización, los que enfrenten a la criminalidad. Lo que no se puede hacer es desestimar la Declaración de Ginebra o aferrarse a su fallida estrategia.

En contraste, el senador del PAN Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, restó validez a los señalamientos de la Declaración de Ginebra, ya que, sostuvo, no hay cifras para medir la violencia en las zonas de guerra.

Quisiera ver qué país, teniendo una amenaza en ciertas zonas de su territorio se decide a no enfrentarlo, preguntó el secretario de Relaciones Internacionales del PAN, Rodrigo Iván Cortés. Insistió en que la mayor parte de la violencia registrada se debe a la lucha entre los cárteles, los cuales combaten a muerte y de manera más violenta por tomar plazas.

Agregó que el gobierno federal no busca un éxito publicitario con el combate a la delincuencia, sino cumplir con un deber de Estado. Pretender que un Estado no se decida a luchar contra el crimen organizado al que por décadas sólo se estuvo solapando, si no es que cobijando por gobiernos estatales y federales previos, sería no sólo un despropósito, sino dejar parte del territorio nacional al dominio del crimen, añadió.