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Promulga el presidente Mujica ley que declara imprescriptibles los crímenes del régimen castrense

Uruguayas torturadas se querellan contra decenas de policías, militares y médicos de la dictadura
 
Periódico La Jornada
Sábado 29 de octubre de 2011, p. 25

Montevideo, 28 de octubre. Un grupo de 28 mujeres uruguayas detenidas durante la dictadura (1973-1985) formalizaron hoy denuncias contra decenas de policías, militares, enfermeros y médicos por la participación en abusos y torturas, en momentos en que el presidente José Mujica promulgó una ley que declaró imprescriptibles los delitos cometidos en el régimen militar, justo antes de que caducaran el primero de noviembre, informó este viernes la Presidencia.

Según el documento acusador, citado hoy por el portal El Observador, los policías, militares, médico y enfermeros denunciados tuvieron activa participación durante la detención y prisión de las denunciantes en los distintos establecimientos carcelarios.

Entre las transgresiones que acusan figuran delitos sexuales y torturas que afectaron la integridad física y mental y su derecho a la dignidad, principalmente, como surgen de relatos que se adjuntan de cada una de las denunciantes.

Las demandantes incriminaron a 16 instalaciones militares o prisiones, y eran militantes de partidos políticos y gremios en el periodo del régimen militar de facto, señaló El Observador.

La ley promulgada hoy por Mujica restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el primero de marzo de 1985, fecha del retorno de la democracia en Uruguay.

La nueva norma fue promovida por la gobernante coalición Frente Amplio (izquierda, en el poder desde 2005), que sostuvo que de esta forma se deroga de hecho la denominada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986 cuando la justicia comenzaba a citar a militares por violaciones a los derechos humanos, y se cumple con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en marzo pasado ordenó a Uruguay juzgar los delitos de la dictadura.

La norma fue aprobada sólo con los votos oficialistas, ya que la oposición ha rechazado todos los proyectos de derogación de la Ley de Caducidad basándose en que dos consultas populares (en 1989 y 2009) no lograron los votos necesarios para anularla.

Por último, un juez penal procesó con prisión a cinco militares retirados por el homicidio de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman, durante la dictadura militar uruguaya, informó este viernes la Suprema Corte de Justicia.