Fuerzas federales y estatales detuvieron ayer a por lo menos 61 policías de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Jalisco; unos, porque están acusados de diversos delitos, y otros para investigarlos por presuntos nexos con el crimen organizado. Treinta uniformados de la segunda entidad fueron destituidos como parte de la depuración de los cuerpos policiacos.

En un operativo militar realizado la mañana del jueves en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, 37 efectivos policiacos y 11 agentes de tránsito fueron aprehendidos para ser sometidos a pruebas de control de confianza e investigarlos por supuestos vínculos con la delincuencia.

Los soldados arribaron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Montemorelos a la hora del cambio de turno, con el propósito de arrestar a los 120 elementos de la corporación, pero al parecer se filtró información sobre la operación castrense, ya que muchos no se presentaron a trabajar, entre ellos el titular de la dependencia, Salvador Sepúlveda.

Entre los oficiales retenidos hay seis escoltas del alcalde Pablo Elizondo García, dos de su esposa y cuatro de Sepúlveda. En tanto, el director de Tránsito, Doroteo Reséndez, presentó su renuncia al cargo.

En el municipio de Cárdenas, San Luis Potosí, elementos del Ejército detuvieron a 12 presuntos miembros de Los Zetas, entre ellos Juan Blanco Alvarado, director de Seguridad Pública; Prudencio Torres, jefe de grupo de la policía, y los agentes Rafael Rodríguez y José Luis Ramírez, acusados de delitos contra la salud, acopio de armas y robo de vehículos. Durante el operativo les decomisaron 5 mil dosis de droga conocida como piedra, 2 mil dosis de cocaína, 14 armas, dos granadas, 3 mil cartuchos y tres gorras color negro con la leyenda Comando Armado Zeta.

Mientras, Adriana Vega, alcaldesa de Salinas, también en San Luis Potosí, dio de baja a 30 de los 60 policías del municipio debido a que a pesar de recibir un aumento de sueldo quincenal que va de 600 a 3 mil 500 pesos, aplican multas a los ciudadanos y no ingresan los recursos a las arcas municipales. Muchos llevaban una vida de ricos, acusó la funcionaria.

En Zacatecas, ocho policías del municipio de Villa González Ortega y tres presuntos criminales fueron detenidos y consignados ante la Procuraduría de Justicia estatal por haber participado en el levantón y tortura de tres agentes estatales, quienes lograron escapar de la casa de seguridad donde los mantenían cautivos.

En tanto, la Procuraduría General de Justicia de Jalisco ejerció acción penal contra el subdirector operativo de la Dirección de Seguridad Pública de Tototlán, Próspero Mardóniz Hernández, y otras cinco personas, acusados del robo de automotores. Les decomisaron armas y dos camionetas.

A pesar de las acciones del operativo Guerrero Seguro, iniciado el pasado 6 de octubre, ayer fueron ultimadas 18 personas en distintas regiones de la entidad: seis en el municipio de Heliodoro Castillo; cinco en un bar de Atoyac de Álvarez; cinco en Tecpan de Galeana, dos de ellos decapitados, y dos en Acapulco. Otras 15 personas fueron ejecutadas en distintos estados del país: cinco en Chihuahua (donde sicarios mataron a golpes a Denisse Daisy Robles López, de 17 años, con ocho meses de embarazo; cuatro en Jalisco; tres en Michoacán; dos en Nuevo León y una en Durango.