on la asistencia de cerca de 12 mil delegadas y delegados de organizaciones campesinas y trabajadores del campo y las ciudades, pueblos indígenas y afrodescendientes, pobladores urbanos, organizaciones de víctimas de crímenes de Estado y del desarrollo capitalista, en Cali, Colombia, del 30 de septiembre al 4 de octubre de este año, tuvo lugar el congreso de Tierras, Territorios y Soberanías, con el lema La Madre Tierra es de quien la cuida, los territorios son de los pueblos, la soberanía es popular.

En el contexto de una campaña mediática orquestada por el gobierno colombiano que pretendía relacionar esta movilización con la insurgencia armada e incluso calificándola como amenaza terrorista, al final del congreso se acordó una importante declaración en la que los asistentes enfatizan que existe una opción de vida alternativa al consumismo, la adicción al petróleo, la destrucción de la naturaleza y la economía impulsada por la guerra: territorios gobernados por las comunidades, relaciones de trabajo equitativas e igualitarias, economías sustentables donde impera el uso respetuoso de los bienes de la naturaleza y la decisión autónoma sobre la producción de alimentos.

La declaración confirma dos tesis que bien pueden coincidir con nuestra realidad mexicana: por un lado, la profunda inequidad del sistema político y socioeconómico, y por el otro la oposición del bloque político en el poder para trasformar ese modelo y reformarse a sí mismo. Pese a la propaganda oficialista, y los elogios a Juan Manuel Santos por parte de sus mentores estadunidenses y aliados latinoamericanos, como Felipe Calderón, los congresistas consideran que “el país sigue secuestrado por las mafias y la parapolítica, y las acciones que el gobierno nacional dice realizar para enfrentar estos sectores evidencian que no irá a la raíz del problema –la persistencia del latifundio armado y la alianza de éste con la oligarquía industrial y financiera–, y por el contrario, utilizará la justa aspiración social de combatir el paramilitarismo y el despojo de tierras, para ajustar aún más el modelo territorial a los requerimientos del capital”.

Al igual que muchos movimientos sociales en México, sus contrapartes colombianas descubren que no será en los espacios de la institucionalidad donde los sectores populares encontrarán la respuesta a sus exigencias por los derechos: que debemos ir más allá de ser oposición política, y construir por nuestro lado y a nuestro modo el país que soñamos y queremos. Nuestra intervención en espacios gubernamentales para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos, sólo tiene sentido si al mismo tiempo en las comunidades construimos gobierno propio y fortalecemos nuestra capacidad de ordenar la vida y el territorio.

La imposición de la minería y el entreguismo gubernamental a las corporaciones capitalistas que caracterizan al gobierno de Calderón, parece ser la tónica en el hermano país sudamericano: “El conjunto de las medidas legislativas y de políticas que los últimos gobiernos vienen impulsando o pretenden llevar a cabo –la conversión de Colombia en una mina a cielo abierto, la imposición de las llamadas locomotoras del progreso, la entrega del campo a las Zonas de Desarrollo Empresarial, la adjudicación del país a la industria minero-energética, el estrangulamiento de los ríos y las aguas, en suma, volver a Colombia una zona franca de 200 millones de hectáreas–, no es otra cosa que la agenda del capital nacional y trasnacional, y se sintetizan en lo que podemos llamar la privatización de los territorios, es decir, quitar a la sociedad y los pueblos el derecho de ordenar y gobernar sus espacios de vida y entregárselos al capital privado”.

El espejo colombiano en este congreso refleja también la realidad de las luchas actuales mexicanas para impedir la desterritorialización y el despojo del agua, los bosques, los patrimonios tangibles e intangibles de los pueblos, para restituir al país los recursos estratégicos del subsuelo, para mandar sobre las fuentes de vida y alimentación, para defender la soberanía que los estados han entregado a las corporaciones (incluyendo el narcotráfico) y a los imperialistas.

El congreso adoptó mandatos temáticos, macrorregionales y generales sobre tierras, territorios y soberanías, que constituyen compromisos serios en la construcción del nuevo país, y partiendo de consolidar la necesaria unidad del movimiento y las organizaciones populares por medio de un espacio de coordinación.

Se mandató prohibir la gran minería y la explotación petrolera desaforada, declarando no grata e ilegal la presencia en los territorios de conocidas corporaciones, debido a su participación directa en agresiones a las comunidades y territorios y su atentado sistemático a la soberanía nacional, realizando las acciones que correspondan para impedir su presencia, salgan del país y sean sancionadas.

El tercer mandato está relacionado con la construcción de un camino hacia la solución política del conflicto armado, considerando que “la guerra en nuestros territorios altera profundamente la armonía de las comunidades y de la naturaleza, y no es posible esperar mejoras en los derechos humanos si el conflicto continúa. El derecho a la paz sólo se cumplirá si lo realizamos no-sotros y nosotras mismas con la resistencia a la guerra, la exigencia a los actores armados para que respeten el derecho humanitario –en especial la oposición a que el cuerpo de las mujeres sea utilizado como botín de guerra– y las acciones directas de desmilitarización de nuestros territorios. El pueblo colombiano y todas sus expresiones sociales adoptaremos una agenda de diálogo nacional y regional en el Congreso Nacional de Paz”.

Deseamos fervientemente que estos mandatos se cumplan.