Montevideo, 27 de octubre. La Cámara de Diputados uruguaya aprobó la madrugada de este jueves un proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos cometidos en la última dictadura (1973-1985), antes que éstos caduquen el próximo primero de noviembre.

Luego de 12 horas de discusión, los diputados aprobaron con los votos del oficialista Frente Amplio (FA, izquierda) –50 de los 90 legisladores presentes– el proyecto que había sido votado el martes en el Senado y que ahora pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Un centenar de personas que acompañaron la votación desde las barras del Parlamento celebraron con aplausos y cantos de se va acabar la impunidad en Uruguay, el final de un tenso debate sobre un tema que ha dividido al país sudamericano en los últimos 26 años.

Con esta ley saldamos los escollos normativos, salvo que después la Suprema Corte entienda otra cosa, dijo el senador oficialista Rafael Michelini, hijo del ex legislador Zelmar Michelini, asesinado en 1976 en Argentina en el marco del Plan Cóndor, una red de colaboración entre los militares de la región.

Nosotros pensamos que los jueces, incluso sin esta ley, iban a juzgar. Pero si en algún caso algún juez entendía que (el delito) prescribía, los familiares de las víctimas tienen una especie de ley subsidiaria a la cual apelar, explicó.

Para Juan Errandonea, abogado promotor de varias causas de derechos humanos, tras la aprobación de la ley que evita la prescripción, en principio no tendría que haber ningún cambio inmediato, las causas seguirían su trámite normal.

El abogado explicó que aunque militares retirados han indicado que apelarán a la Suprema Corte de Justicia para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la nueva norma, tendrán que esperar a estar procesados para poder presentar ese recurso.

El proyecto aprobado este jueves restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el primero de marzo de 1985, fecha del retorno de la democracia.

Según sus impulsores, con la nueva ley se deroga de hecho la denominada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986, cuando la justicia comenzaba a citar a militares por violaciones a los derechos humanos, y se cumple con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en marzo ordenó a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura.

La oposición, en cambio, se ha opuesto a todos los proyectos de derogación de la Ley de Caducidad basándose en que dos consultas populares (en 1989 y 2009) no lograron los votos necesarios para anularla.

Según la Comisión para la Paz, que funcionó entre 2000 y 2003 para investigar el destino de los desaparecidos, hubo 38 personas desaparecidas en Uruguay. Además, se denunciaron 182 desapariciones de uruguayos en Argentina, ocho en Chile, dos en Paraguay y una en Brasil.