iez personas, entre ellas un menor, murieron y 17 resultaron heridas ayer en la volcadura de un microbús que viajaba, atestado, de Huixquilucan, estado de México, al Toreo de Cuatro Caminos, en Naucalpan. Por desgracia, no se trata de una noticia excepcional. Hechos como el referido ocurren con frecuencia en la mancha urbana del centro del país y en otras regiones de México, en el contexto de un transporte público desregulado y abandonado por las autoridades a la lógica de la explotación, la corrupción y el utilitarismo.
En la mayor parte de las urbes del país, e incluso en entornos rurales y semirrurales, se han vuelto parte del paisaje las unidades de transporte colectivo que circulan en pésimas condiciones de seguridad y comodidad, conducidas por individuos sin capacitación, desconocedores de los reglamentos de tránsito y vialidad, y aguijoneados por la competencia despiadada con otras unidades. Con frecuencia, tales conductores están expuestos a condiciones de trabajo que debieran ser inadmisibles, con ingresos paupérrimos, largas jornadas, escaso descanso y ausencia de prestaciones.
No es raro que se detecte a choferes de microbuses que realizan sus labores bajo el efecto del alcohol o de drogas ilícitas, y han salido a la luz complicidades entre conductores y grupos dedicados al asalto de pasajeros y a las agresiones sexuales. Pero, incluso sin esos componentes, la descontrolada proliferación de microbuses, minibuses y autobuses privados en todo el país es factor de inseguridad, de insalubridad, de problemas viales y de corrupción. Todo ello se traduce en un empeoramiento general de las condiciones de vida de los sectores mayoritarios y más desprotegidos de la población, que son los usuarios obligados de microbuses.
Tras estas circunstancias hay, por lo general, negocios inconfesables entre mafias del transporte público y funcionarios de los tres niveles de gobierno, los cuales han permitido la circulación de unidades sin ninguna verificación o control, y su operación por conductores que no cubren los requisitos mínimos de capacitación, salud y civilidad que debieran exigirse a quienes tienen en sus manos la vida y la seguridad de decenas de pasajeros, automovilistas y peatones.
La Federación, los estados y los municipios deben poner fin a esta situación caótica y mortífera, y desarrollar, cada cual en su ámbito, pero en forma coordinada, acciones orientadas a dotar a la población de servicios de transporte público eficientes y seguros, empezando por el saneamiento y la depuración de las oficinas encargadas de regular la actividad y por la desarticulación de las mafias de microbuseros, las cuales suelen funcionar como canteras de sufragios para diversos partidos políticos.
Podría parecer que una acción semejante no debe formar parte de las prioridades de una nación sumida en el estancamiento económico, la inseguridad, el desempleo y la descomposición política. Sin embargo, el mejoramiento del transporte público constituye un factor indispensable si es que realmente se pretende mejorar la seguridad, la productividad y, en general, las condiciones de vida de los mexicanos. No existe justificación.
