Representantes de asociaciones civiles solicitaron la destitución del ombudsman capitalino, Luis González Placencia, ante la posibilidad de que Adolfo Martín del Campo Dodd, sentenciado a 50 años de prisión por doble homicidio, obtenga su libertad.

Lo anterior, debido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que su confesión se obtuvo mediante tortura, y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó un recurso jurídico conocido como Amicus Curiae (Amigo de la Corte), con el fin de incidir en la decisión del juez.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Édgar Elías Azar, dijo que la resolución sobre este caso estará lista en un par de semanas, pero que los jueces no toman en cuenta las declaraciones que están bajo sospecha de haber sido obtenidas mediante tortura, sino los hechos del crimen, por lo que pidió tener confianza en los impartidores de justicia.

Sin embargo, las asociaciones civiles México SOS y Alto al Secuestro, que encabezan Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace, respectivamente, dieron a conocer que entablaron una demanda de amparo en contra de magistrados del TSJDF y de la CDHDF, por considerar que tanto los integrantes del primero como la segunda no están cumpliendo con la obligación de hacer justicia y defender a las víctimas, sino que han optado por ayudar a un delincuente.

Es el caso de Del Campo Dodd, quien podría verse beneficiado por una resolución judicial pese a que en 1992 confesó haber matado a su hermana y un cuñado, aunque, según la CDHDF, eso ocurrió bajo tortura policiaca.

En conferencia de prensa, Martí y Miranda aseguraron que existen al menos otras 68 pruebas que demuestran que Del Campo Dodd cometió el crimen. Entre ellas, el testimonio que brindó su sobrina, quien lo señaló como el agresor.

Por la tarde, la CDHDF refrendó en todos sus términos la recomendación 13/2002 sobre el caso de Alfonso Martín del Campo Dodd, quien fue inculpado en un proceso notoriamente viciado.