Si a lo largo de la vida productiva una persona no supera las condiciones de pobreza en que nace, difícilmente lo logrará hacia la vejez. Esta realidad se agrava si además no cotizó en alguna institución de seguridad social, pues no podrá jubilarse.

México figura entre las naciones en que ese panorama de pauperización se manifiesta de manera aguda: 28.5 por ciento de la población económicamente activa (PEA) labora en el sector informal, y al carecer de cualquier forma de cobertura una gran proporción puede llegar, o arribó ya, a la tercera edad en la indigencia.

También es una realidad demoledora para quienes por alguna razón nunca se incorporaron plenamente al mercado laboral.

La agenda central de discusión en la política social de pensiones es el grave problema de la cobertura; es lo primero que debería resolverse, afirma el doctor Alejandro Villagómez, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Como muchos países, México ha secundado la estrategia de otorgar pensiones no contributivas o complementarias. De acuerdo con la instancia que las concede, pueden ser selectivas o universales.

La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) indica que si bien el paradigma basado en el empleo continuará siendo predominante para financiar la seguridad social, son comunes los programas suplementarios, centrados en quienes no llegan a tener pensión, incluso después de haber contribuido con el sistema.

Se trata de instrumentos que ofrecen ingresos mínimos y a menudo representan el principal componente de la red de seguridad social contra la pobreza. La falta de soluciones generales federales ha motivado entonces, destaca la CISS, la adopción de mecanismos de apoyo a los ancianos pobres.

En México sobresalen el programa 70 y más, del gobierno federal, y la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores, de las autoridades del Distrito Federal. El primero es selectiva y el segundo universal.

El gobierno federal entrega un apoyo de mil pesos cada dos meses a más de 2 millones de personas en poblaciones hasta de 30 mil habitantes que no cuenten con ningún subsidio para adultos mayores.

Su interés consiste en reducir significativamente las brechas sociales, económicas y culturales persistentes, que se traduzca en trato de equidad y justicia y que no exista forma alguna de discriminación.

Su universo potencial es de 4 millones 259 mil personas.

El esquema universal se aplica en el Distrito Federal y los fondos –alrededor de 5 mil millones de pesos anuales– son aportados por el gobierno local.

A partir de los 68 años los habitantes de la capital reciben –salvo declinación voluntaria– una pensión equivalente a medio salario mínimo, y al ser considerado un derecho ciudadano su universalidad no es cuestionada.

Otra diferencia entre el programa 70 y más, otros similares aplicados en algunos estados y la pensión en la ciudad de México es que ésta es ley para los adultos mayores de 68 años.

El Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Distrito Federal deposita cada mes en una tarjeta de débito el monto correspondiente y el beneficiario puede hacerlo efectivo en más de 3 mil establecimientos.

Las encuestas sobre percepción y evaluación realizadas por ese instituto revelan su impacto: 61 por ciento de beneficiarios no reciben ninguna otra pensión ni ayuda, y 14 por ciento viven solos.

Con los 897.30 pesos que reciben mensualmente, 80 por ciento adquieren alimentos, 36 por ciento artículos de higiene personal, 34 por ciento sólo medicinas y 8 por ciento artículos como ropa y calzado.

El CISS, en su informe Los sistemas de pensiones en las Américas 2010, concluye que las no contributivas se financian con ingresos fiscales generales en lugar de contribuciones provenientes de la nómina.