Golpeadores y cuasi paramilitares de empresas trasnacionales, principalmente españolas, amenazan la vida y propiedades de indígenas oaxaqueños que se oponen al despojo de sus tierras, para la construcción del Corredor Eólico del Istmo (CEI), denunció Carlos Manzo, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), integrante del Congreso Nacional Indígena.

Manzo señaló que en el poblado Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, una persona de nombre Armando Sánchez contrata golpeadores y cuasi paramilitares para reanudar los trabajos de las empresas trasnacionales, paradas temporalmente por las lluvias y ahora nuevamente vuelven a escena, buscando reiniciar los trabajos de instalación de los aerogeneradores de la empresa Demex, esta última prestanombres de Preneal y las españolas eólicas que despojan a las comunidades de la región.

Mencionó que las defensoras de derechos humanos Maribel González y Bettina Cruz Velázquez han sido amenazadas de muerte por acompañar la lucha contra el CEI.

Al respecto, la organización social Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc) emitió una acción urgente para proteger la vida de ambas defensoras y solicitó al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, a las autoridades de derechos humanos y justicia de la entidad, así como al embajador de España en México, Manuel Alabart, y a la jefa de la sección política de la delegación de la Unión Europea en México, Delphine Malard, su intervención para que se investiguen dichas amenazas y se cancele el megaproyecto CEI, por violentar los derechos de los pueblos indígenas.

Prodesc detalla que el 18 de octubre los operadores de Desarrollos Eólicos de México, Demex, filial de Renovalia Energy, empresa trasnacional española, Jaime de la Cruz Gómez y Juan Altamirano, acompañados de la policía ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Oaxaca y personas de otros pueblos a las que les han ofrecido empleo, amenazaron con entrar a trabajar en las parcelas de propietarios opositores al proyecto eólico en Unión Hidalgo.

Explica que desde el pasado 24 de mayo se agudizaron el hostigamiento y las amenazas contra la comunidad opositora al proyecto, ya que un grupo de propietarios inconformes reunidos en una asamblea formaron el Comité de Resistencia ante el Proyecto Eólico de Unión Hidalgo y decidieron solicitar a las empresas la suspensión del mismo “al ver las grandes e irreparables afectaciones al medio ambiente, a su tierra y territorio y recursos naturales. Desde esta fecha, las obras estaban suspendidas, sin embargo, la empresa ha mantenido fuerte presión contra los propietarios y se ha negado a dar por terminado los contratos de arrendamiento, a pesar de que esta es la voluntad de la comunidad".

La comunidad acusa a las trasnacionales de negarse a dar por terminados los contratos de arrendamiento firmados bajo presiónFoto Rosa Rojas

Afirma que los propietarios de los predios en Unión Hidalgo, "mediante engaños, firmaron contratos de arrendamiento con Demex. En ningún momento la empresa informó, de acuerdo con lo establecido en los marcos internacionales de consulta previa, libre e informada a la comunidad, sobre las afectaciones y daños que este proyecto significaría para su territorio, tampoco informaron sobre la magnitud del proyecto eólico y lo que representaría para el cultivo de sus parcelas", y que muchos de los predios ya se encuentran dañados de forma permanente dado que la empresa ha vertido toneladas de cemento en ellas, impidiendo que los y las dueñas de las tierras puedan seguir sembrando, afectando así su medio de subsistencia.

Detalla que el 21 de octubre, alrededor 50 trabajadores de Demex, dirigidos por De la Cruz y Juan Wendolain, entraron a tierras de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, destruyendo el cercado de las parcelas instaladas por los propietarios desde hace meses, amenazaron a Cruz Velázquez y González "de que las iban a matar si seguían entrometiéndose y que si no los dejaban entrar iban a acusar de despojo, frente al Ministerio Público, a todas las personas que se opusieran a la construcción del parque eólico".

Prodesc subraya "que se encontraban en el lugar un grupo de representantes de otras empresas eólicas que operan en la zona, tales como Gamesa, todas empresas trasnacionales de capital español. La actitud de los representantes fue de franca provocación llevando a María de la Luz Martínez, de la Notaria Publica número 41 de Juchitán", y señalando que los trabajadores "gritaban insultos y amenazas en contra de los propietarios y las defensoras que se encontraban fuera de las tierras en un camino aledaño para evitar cualquier confrontación".