Ciudad Juárez, Chih., 22 de octubre. La organización Justicia para Nuestras Hijas documentó al menos 12 casos de desaparición forzada de mujeres en Ciudad Juárez y en la capital del estado, informó la presidenta de la ONG, Norma Ledezma, y señaló que línea de investigación debe ser hacia la trata de personas.

Mencionó el caso de dos adolescentes desaparecidas el 13 de agosto pasado en San Juanito, cuyos cuerpos fueron encontrados en la sierra de Cuauhtémoc por agentes de la Fiscalía General del Estado. Se concluyó que fueron levantadas exclusivamente con fines de explotación sexual, señaló Ledezma.

Dijo que partir de investigaciones hechas con las familias de las desaparecidas y con pobladores, se sospecha que existe una especie de campo de concentración en la sierra Tarahumara, donde grupos delictivos se dedican a prostituir mujeres, pero de estos hechos aún no se tiene pruebas concretas.

Se señala Ciudad Juárez, comúnmente, como el lugar principal donde se sospecha de la trata de blancas, y la ciudad de Chi-huahua en menor medida, pero en la sierra existen más casos de mujeres desaparecidas que pudieron ser privadas de la libertad con el propósito exclusivo de la explotación sexual, señaló.

También en la urbe fronteriza, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que por los probables delitos de trata de personas, privación ilegal de la libertad, abuso sexual y lesiones agravadas se dictó prisión preventiva, como medida cautelar, a Soledad Griensen Porras, directora del albergue Mujeres Unidas Contra la Violencia, donde se habrían cometido los abusos.

Agentes del Ministerio Público pertenecientes a la unidad especializada en investigación con detenido de la FGE le imputaron esos ilícitos, que presuntamente cometió en perjuicio de cinco mujeres mayores de 18 años y nueve menores de edad en dicho albergue, ubicado en la colonia Nueve de Septiembre.

Por lo anterior, el juez de garantía programó para las 12 horas del miércoles 26 la audiencia de vinculación a proceso en contra de la imputada.

El tribunal de garantía decretó que la detención de Griensen Porras, de 63 años de edad, fue apegado a derecho, como está previsto y sancionado en el artículo 169 fracción 12 del Código de Procedimientos Penales.