Al responder a las declaraciones del presidente Felipe Calderón en torno a que técnicamente no es posible el rescate de los cuerpos de los trabajadores atrapados en Pasta de Conchos, el sindicato minero indicó que el señalamiento sólo ratificó el encubrimiento de su gobierno a la empresa Grupo México, de Germán Larrea, para impedir que se conozcan con exactitud las causas de la negligencia criminal y la irresponsabilidad de esa empresa que condujeron al homicidio industrial.

La intención del gobierno de Calderón, al proteger a este consorcio, va en el sentido de negar a viudas y familiares de los mineros fallecidos la justa indemnización a que tienen derecho, apuntó el gremio, que mantiene en pie la intención de, junto con deudos de mineros, efectuar el rescate de los cuerpos atrapados desde febrero de 2006.

La organización una vez más habló de la postura contrastante de este gobierno con la que tomó el gobierno de Chile, que en una mina más profunda, en San José de Copiapó, a más de 700 metros y en terreno duro, rescató a 33 trabajadores, después de 69 días de encierro.

Cuando en Pasta de Conchos a sólo 120 metros de profundidad, y en terreno suave, tanto el gobierno como Grupo México decidieron cerrar la mina a cinco escasos días de que ocurriera la explosión, y abandonaron a su suerte a los mineros.

Por otra parte, informó que Excellon Resources, compañía canadiense que opera en el estado de Durango, determinó romper las negociaciones con esta organización gremial, para resolver diversos conflictos con los trabajadores de la mina La Platosa.

Indicó que el sindicato y la asociación civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc) presentaron, en abril de este año, una queja ante el gobierno de Canadá y concretamente ante la oficina de Responsabilidad Social Corporativa de ese país, debido a las evidentes violaciones a los derechos de los trabajadores de esta mina mexicana.

Las violaciones se refieren a su derecho de asociación sindical, deficiencias en materia de seguridad e higiene, maltrato de parte de directivos de la empresa y precarias condiciones laborales, de las cuales los trabajadores dieron testimonios a la consejera de la representación canadiense, Marketa Evans.

Sin embargo, Excellon Resources determinó en forma arbitraria retirarse de las negociaciones y, con otro sindicato, elaboró una trama para señalar que los trabajadores ya estaban sindicalizados, por lo que no podían afiliarse a la organización que encabeza Napoléon Gómez Urrutia.