Marisela Morales Ibáñez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), afirmó que de todas las quejas levantadas contra la PGR ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de septiembre de 2010 a junio de 2011, la dependencia defensora de las garantías básicas concluyó que en 99.4 por ciento de las quejas no había encontrado violación alguna a los derechos reclamados.

Durante su participación en el segundo Congreso internacional cultura de la legalidad y políticas públicas en el estado democrático de derecho, realizado en el Archivo General de la Nación, la procuradora señaló que la PGR está comprometida con el fortalecimiento del estado de derecho.

De acuerdo con estadísticas del quinto Informe de labores de la PGR, de enero a junio de 2010 fueron denunciadas 907 violaciones a derechos humanos, mientras que en el mismo periodo de este año sumaron mil 65 asuntos, lo que significó un incremento de 17.4 por ciento entre un año y otro.

Al referirse al combate de la corrupción y la ilegalidad en la PGR, la titular de esa institución señaló que la visitaduría general de la procuraduría también ha intensificado sus actividades y de abril a la fecha se han emitido 671 vistas, para iniciar procedimientos de determinación de irregularidades, presuntamente cometidas por servidores públicos. Este número de vistas casi triplica el de las ocurridas entre septiembre de 2009 a junio 2010, cuando se efectuaron 229, y añadió que en 384 casos, las vistas se dirigieron a los superiores jerárquicos de los responsables, para inicio de procedimiento administrativos e imposición de amonestaciones, suspensiones o arrestos, 42 de estas corresponden al inicio de procedimientos para sancionar a delegados.

Puntualizó que 140 vistas darán lugar a remociones que impondrá la propia visitaduría general, 116 vistas generaron el inicio de averiguaciones previas y otras 31 se remitieron al órgano interno de control en cuestiones de su competencia, lo que podría derivar en sanciones de tipo administrativo.

Como parte del combate a la impunidad, refirió que de abril a septiembre de este año han sido separados de su cargo, por el Consejo de Profesionalización, 205 servidores públicos. De ellos, 146 eran policías federales ministeriales, antes agentes federales de investigación, 54 agentes del Ministerio Público de la Federación y 5 peritos.

Para confiar en las instituciones, dijo, la sociedad necesita información precisa, veraz y accesible acerca de su desempeño. México cuenta con leyes y organismos de avanzada, especializados en la materia, que obligan a la autoridad a atender las demandas de información que presentan los ciudadanos, dijo la funcionaria.

Aunque sostuvo que en el caso de la PGR, por la naturaleza de sus funciones y las salvaguardas de información que le impone la ley, no todas las solicitudes pueden ser atendidas; sin embargo, sí se responde a la enorme mayoría de las que se reciben, y su Unidad de enlace y acceso a la información pública recibe un promedio mensual de 200 solicitudes de información, unas 2 mil 300 al año, que equivalen a un tercio de todas las que reciben de manera conjunta las instituciones de seguridad y justicia de la Federación.

En ese sentido dijo que entre septiembre de 2010 y junio de 2011, 85.3 por ciento de las peticiones recibidas fueron contestadas y el 4.7 por ciento restante debió ser impugnado ante el Instituto Federal de Acceso a la Información.