uáles son los criterios –si existen– para gravar la producción nacional de gas y eximir del pago de impuestos de importación de gas a las empresas extranjeras? ¿En qué país del mundo se menosprecia y subestima a los nacionales y se tiene como estrategia proteger y privilegiar a los extranjeros?

No es un asunto menor, es un tema que tiene que ver con la necesidad de evitar al máximo la muerte de los mineros en México, especialmente de mi estado natal: Coahuila, y que está íntimamente ligado a un modelo económico que privilegia las ganancias del extranjero en detrimento de la producción nacional, cuya lógica no repara en que las consecuencias de estas tendencias culminan en la pérdida de vidas humanas. Cerca de 2 mil mineros de Coahuila han perecido en la región carbonífera de la entidad.

Uno de los temas de mayor importancia que se ha tratado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y en el Congreso local es el relativo a la explotación del gas existente en las minas de carbón, generalmente conocido como gas grisú. Legisladores de los principales partidos lo han tratado en tribuna y expresado diversas posturas, siendo éstas en defensa de los trabajadores; con la intención de aprovechar o comercializar el gas.

Según la Ley de Ingresos presentada por el secretario de Hacienda, se considera que entre los derechos a los hidrocarburos, los ingresos propios de Pemex y el impuesto a los rendimientos petroleros, el país obtendrá un billón 171 mil 758.1 millones de pesos. La fracción I del artículo 7 determina que a cuenta del derecho ordinario sobre hidrocarburos, Pemex Exploración y Producción deberá realizar pagos diarios –incluyendo los días inhábiles– por 608 millones 606 mil pesos durante el año. Además, en el primer día hábil de cada semana del ejercicio fiscal deberá efectuar un pago de 4 mil 202 millones 829 mil pesos.

Por otra parte, el artículo 16 señala que durante el ejercicio fiscal de 2012, según la fracción II del apartado B, se ajustará en materia de exenciones a lo siguiente: Se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause por la importación de gas natural, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos. Las principales beneficiarias de esta medida son las trasnacionales Sempra Energy y Repsol, en cuyas directivas y labores están vinculados decenas de ex funcionarios federales tanto del PRI como del PAN. Luis Téllez, Ruiz Sacristán, Lozano Gracia, Fernando Lerdo de Tejada, Armando Salinas Torres, Gilberto Hershberger, Bernardo Martínez, Elorduy, son algunos de los nombres o apellidos al servicio de estas trasnacionales, favorecidas desde el sector público para su apoderamiento de los energéticos del país.

El que la recuperación y el aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, ya sea para autoconsumo de los concesionarios o para su entrega a Pemex, tenga un gravamen de 40 por ciento, hace incosteable el que se invierta en la tecnología correspondiente para aprovechar y comercializar esta enorme riqueza del subsuelo. Esto tiene dos graves consecuencias: Una, que al no realizarse debidamente la extracción del gas grisú de las minas de carbón, la parte que queda en los yacimientos sigue siendo un peligro latente para los trabajadores, pudiendo ocurrir intoxicaciones, asfixia, un accidente o una explosión en cualquier momento. Otra, que al ventearse las minas para sacarlo al medio ambiente, tratando de proteger a los mineros, no es aprovechado su enorme potencial energético y se produce una contaminación de grandes dimensiones, considerando que el metano es un gas de efecto invernadero 21 veces más potente que el bióxido de carbono.

Lo anterior manifiesta una clara orientación de la política energética del gobierno federal en favor del capital extranjero, ya que mientras por un lado se grava considerablemente la producción nacional de gas, lo que impide el desarrollo de la industria y la protección de la vida de los mineros, por otro, en la Ley de Ingresos se exenta del pago de impuestos de importación de gas a las compañías extranjeras. No existe ningún argumento que justifique esta situación.

Esta contradicción no es un asunto medible sólo en términos de pesos y centavos, sino de un gran saqueo al país, pero sobre todo de una enorme desgracia nacional, de algo dramático, porque ha causado la pérdida de muchos cientos de vidas humanas. La preferencia del gobierno federal por las empresas extranjeras se aprecia mejor cuando se tienen estimaciones de que el volumen de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral es de 2 mil 384 billones de pies cúbicos en el subsuelo, y que podrían recuperarse y aprovecharse más de 3 mil millones de pies cúbicos por día, que actualmente se desaprovechan y dañan la capa de ozono. Explotar este enorme potencial energético contribuiría a reducir la demanda de gas natural y constituiría una formidable competencia para las empresas trasnacionales que están importando gas –sin pagar impuestos– para su distribución en el país o para producir electricidad que posteriormente transmiten a Estados Unidos.

El que se fomente y proteja la producción nacional de gas sentaría las bases para una sana exploración y explotación de las enormes cantidades de gas metano –ya confirmadas– que hay en el lecho marino del golfo de California.

No es posible que se siga permitiendo la exención de derechos a las gaseras como se propone en la Ley de Ingresos del año entrante. Esto sería muy injusto y faltaría a uno los principios más elementales del derecho: la equidad, ya que beneficiaría a unos cuantos en detrimento de los ingresos de la nación entera.

Se necesita ser extremadamente tonto o muy sinvergüenza para proteger –por interés– a los extraños antes que a los propios. Incluso los animales protegen primero a los suyos frente a las agresiones externas.